Al confirmar que existen ya 38 denuncias contra 29 servidores públicos y 28 empresas involucradas en las irregularidades por 9 mil 500 millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el director del organismo, Leonel Cota, advirtió que en dichos casos no habrá “carpetazo” ni impunidad.
“Cero tolerancia, no hay carpetazo, deseamos que con toda claridad se aplique la ley, no hay margen para otra cosa; la consecuencia es la aplicación de la ley, porque de lo contrario seríamos cómplices (…); por ello, un llamado a los jueces y a las instancias de la procuración de justicia a que se aplique la ley sin ninguna consideración”, puntualizó.
Informó que de los 9 mil 500 millones de pesos observados como irregularidades, se logró recuperar los más de 900 millones de pesos que fueron bursatilizados.
En reunión con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, el funcionario sostuvo que, aun cuando algunas de las denuncias se han judicializado ya, los jueces siguen sin ordenar la aprehensión de los presuntos responsables, aunque se les ha ordenado no salir de la ciudad.
“Ya hay judicializadas algunas denuncias, sin embargo, el juez correspondiente no ha decidido la detención de los involucrados, pero sí está bajo reserva en las investigaciones que las personas señaladas no pueden salir de la ciudad, están en esta condición”, abundó.
Cuestionado por legisladores de la oposición sobre la persistencia de actos de corrupción en Segalmex, Cota los retó a presentar pruebas de ello y ofreció incluso su renuncia al cargo si le acreditan cuentas
“Que si tiene algún elemento en mi contra, lo presente, cuentas bancarias, alguna propiedad, alguna cuenta en el extranjero, lo que sea, si hubiera algún elemento en duda, no solamente me comprometo que nos presentaremos a responder, sino la renuncia a la Dirección General de Segalmex”, señaló.
El legislador priista Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, urgió a Coya a ir “a paso acelerado y de fondo” contra quienes hayan cometido actos de corrupción y desvíos de recursos, por supuesto que paguen las consecuencias.
“Los diputados federales nunca renunciaremos a nuestra facultad constitucional que es la de la fiscalización”, puntualizó.
EHR
