M+.- Alicia es una joven mexicana que decidió ayudar a una pareja española que no puede tener hijos, pero nunca pensó que los vacíos legales la obliguen hoy a reconocer su maternidad, algo que ella nunca buscó y trató de evitar.
Todo empezó cuando celebró un contrato de gestación por sustitución el 10 de junio de 2024.
Diecinueve días después se llevó a cabo la transferencia de un embrión fecundado mediante reproducción asistida con material genético de uno de los progenitores intencionales.
El 10 de julio le practicaron análisis clínicos y se verificó el embarazo.
La joven desarrolló un embarazo sano tanto para el producto como para ella, el cual superó las 12 semanas. Los médicos señalaron que el parto sería un hecho inminente y que en marzo de 2025 ocurriría el alumbramiento.
Pero meses antes de dar a luz, Alicia comenzó a preocuparse, pues le inquietaba que al momento en que la pareja española acudiera a registrar a la bebé, el personal del Registro Civil de la Ciudad de México les entregara el certificado de nacimiento, prueba de la maternidad, lo cual provocaría que se inscribiera su nombre como madre de la infante.
Las autoridades locales, particularmente la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, le informaron que no contaba con un proceso para proteger sus derechos.
Esto provocó que Alicia decidiera promover un amparo para solicitar la protección de la justicia federal. El asunto llegó a manos del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la capital.
En su demanda, impugnó el artículo 54 del Código Civil del Distrito Federal, el cual data de 1974 y solo tuvo una reforma en el año 2000. La norma establece que el certificado de nacimiento hace prueba de la maternidad.
Alicia expuso diversos argumentos, principalmente sobre la desigualdad que enfrentan las mujeres.
Por ejemplo, criticó que los legisladores de la Ciudad de México realizaron una distinción injustificada, al no existir una norma que imponga la paternidad en razón de las funciones biológicas y sexuales de los hombres, ya que en el artículo 69 de la citada norma, se prohíbe al juez del Registro Civil hacer "inquisición" sobre la paternidad.
"De forma que se les otorga ventaja a los hombres frente al sistema jurídico y generalizan a las mujeres por sus características biológicas, ya que el hombre que se presente ante el Registro Civil y se autodenomine padre así será reconocido sin cuestionamiento, lo que no sucede con la mujer", expuso.
También alegó que en la actualidad las mujeres en autonomía de su cuerpo han decidido gestar para otras personas que anhelan ser madres, pero que no comparten un vínculo biológico o genético con el bebé que fue gestado por su voluntad procreacional, encontrándose con tratos diferenciados e injustificados por parte de las autoridades que afectan sus derechos.
Protección de la jueza
En mayo de 2025, la jueza del caso amparó a Alicia, tras declarar fundados diversos argumentos de Alicia.
"...dado que la fertilización fue llevada mediante un procedimiento in vitro, la peticionaria de amparo fue solo quien recibió la transferencia de óvulos fecundados; a ello y al posterior periodo de gestación y alumbramiento, se acota su relación con las partes y la menor, pues en el contrato de origen y en la propia demanda de amparo, ella externó su voluntad y aceptación de que la nacida conforme al acuerdo es jurídica y socialmente hija de los ascendientes intencionales; y que no es su intención tener una filiación con la menor y menos aún aceptar las consecuencias jurídicas de la maternidad integral.
"De ello se sigue que, ante la ausencia clara de una voluntad procreacional o de ligas biológicas, no puede vincularse a dicha quejosa a las consecuencias íntegras de la maternidad, pues la ausencia de consentimiento en dicho aspecto es acorde a la forma en que participó en el nacimiento de la menor", dice la sentencia.
Por esta razón, ordenó que se le dejaran de aplicar diversos artículos por ser inconstitucionales, ya que estigmatizan a las mujeres.
"Así, de lo expuesto se puede apreciar que las normas tildadas de inconstitucionales emiten un mensaje estigmatizante que atenta contra los derechos de igualdad y no discriminación de la mujer, al otorgarles la calidad de madre por procrear un hijo, sin considerar su voluntad procreacional, sino solo por la capacidad de gestar.
"El amparo ordenaba a las autoridades que a Alicia no se le aplicara la porción normativa del artículo 54 del Código Civil, en la que se indica: "... Dicho certificado hace prueba (...) de la maternidad".
Las porciones normativas del artículo 46 del Reglamento del Registro Civil que se refieren a la madre: "III. Certificado de Nacimiento (...) que contenga nombre completo de la madre; (...) así como huella digital del pulgar y firma de la madre; en todos los casos en que se presente el certificado de nacimiento, este hará prueba plena (...) de la identidad de su madre. Entre otros".
Todo parecía ir bien para Alicia, pero la Consejería Jurídica del gobierno de la Ciudad de México interpuso un recurso de revisión.
El caso escaló al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de la capital, el cual ordenó formar el expediente y dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR), pero esta se abstuvo de intervenir.
Al ver la bomba que tenían en sus manos, los magistrados federales determinaron no examinar la sentencia y solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerciera su facultad de atracción para que analizaran el caso de Alicia.
Los magistrados hicieron mención de que Alicia buscaba que el personal de salud encargado de levantar el certificado de nacimiento prescindiera de su nombre como mujer gestante, y en su lugar asentara los datos de los padres de intención.
Mujer emprenderá acciones para evitar reconocimiento de maternidad
El 9 de septiembre, muchos esperaban que la nueva integración de la Corte fallara a favor de Alicia.
Pero la resolución la desamparó y hoy tendrá que volver a emprender acciones legales para intentar lograr que no se le reconozca su maternidad.
La ministra María Estela Ríos González, quien se ha caracterizado por mantener una posición conservadora sobre varios asuntos, propuso revocar la sentencia y negarle el amparo, además de declarar constitucional el artículo 54.
"...el artículo 54 establece una presunción legal y probatoria de filiación materna vinculada inicialmente con el parto, no impone una obligación sustantiva de ser madre ni obliga a asumir la maternidad, pues admite prueba en contrario y el propio sistema prevé mecanismos para determinar la filiación conforme a la voluntad procreacional en casos de gestación por sustitución", manifestó.
Aunque el proyecto generó un largo debate, los ministros culparon los vacíos legales que hay en diversos códigos del país, como en la Ciudad de México, sobre la maternidad subrogada y sobre los contratos de gestación por sustitución.
Dijeron que la mujer aún puede emprender otros medios de defensa para desvirtuar la maternidad. Además, que debía prevalecer el acta de nacimiento de la niña para garantizar el interés superior de la menor.
El ministro Irving Espinosa Betanzo cuestionó la norma, porque dijo que impone a Alicia una maternidad que no eligió y la obliga a iniciar un procedimiento para desvirtuarla.
Advirtió que se debe legislar sobre el tema porque hoy estamos ante un "mercado reproductivo transnacional sumamente lucrativo", en donde hay desigualdades de género, así como de poder económico y de negociación entre las partes que celebran y gestionan los acuerdos de gestación subrogada.
"Se trata de un mercado que administra, industrializa el proceso reproductivo. Opera aún ante la ausencia de regulación estatal que garantice los derechos humanos de todas las partes involucradas. Estas circunstancias no pueden quedar fuera del análisis constitucional", declaró.
Hoy, Alicia debe volver a emprender un juicio para tratar de borrar lo que nunca buscó: que se le reconozca su maternidad.
ksh
