El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, alertó sobre los riesgos de concentrar información personal en el registro de líneas telefónicas móviles, al subrayar que los dispositivos contienen mucho más que conversaciones personales.
“En el teléfono no solamente están las conversaciones, sino también los tokens bancarios, el acceso a cuentas, correos electrónicos y una enorme cantidad de información sensible. Siempre existe la preocupación de qué sucede con esos datos y quién puede terminar teniendo acceso a ellos”, advirtió.
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El asesor económico de la bancada priista en el Palacio de San Lázaro, Mario Di Costanzo, señaló en ese contexto que la decisión de ampliar el plazo de registro evita un problema de gran magnitud para el sistema financiero y para millones de usuarios que utilizan su teléfono móvil para realizar operaciones bancarias.
Sostuvo que un eventual bloqueo de líneas impediría la recepción de códigos de verificación, autenticaciones y otros mecanismos indispensables para realizar transferencias, pagos y operaciones digitales, además de afectar procesos de cobranza y el funcionamiento del sistema de pagos.
Di Costanzo recordó que, de acuerdo con la prórroga, el registro se realizará ahora de manera escalonada conforme al último dígito del número telefónico, extendiéndose desde agosto hasta finales de diciembre.
Moreira subrayó además que el registro obligatorio de líneas telefónicas exhibe nuevamente la improvisación y falta de planeación del gobierno federal, que a unas horas de concluir el plazo legal terminó anunciando una ampliación escalonada del proceso para evitar afectaciones a millones de usuarios.
Afirmó que el problema no solo radica en las fechas, sino en la ausencia de una estrategia clara de comunicación para informar oportunamente a la población sobre obligaciones que impactan directamente su vida cotidiana.
“Está pasando lo que ocurrió con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues el gobierno aprueba reformas, algunas buenas, muchas malas, pero después no realiza las campañas necesarias para que la gente se entere”, dijo.
El legislador indicó que las decisiones de esta naturaleza no pueden implementarse mediante improvisaciones de última hora, sino con reglas claras, certidumbre jurídica, información suficiente y garantías efectivas para proteger los datos personales de los ciudadanos.
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