El conflicto financiero entre los municipios y el Gobierno de Nuevo León dio un giro legal definitivo este miércoles.
El municipio de Monterrey presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra quien resulte responsable por la presunta retención ilegal de 313.5 millones de pesos correspondientes a la administración municipal.
De acuerdo con el gobierno encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, el adeudo por parte del Estado contempla recursos del Fondo de Desarrollo Municipal, aportaciones estatales y participaciones derivadas del convenio de coordinación con el Instituto de Control Vehicular por concepto de multas de tránsito.
La autoridad regia sostiene que, pese a múltiples solicitudes formales, el dinero no ha sido entregado.
Esta acción penal escala la pugna presupuestal que sostienen alcaldes opositores con la administración estatal desde hace varias semanas.
El pasado 13 de julio, alrededor de 20 ediles metropolitanos y rurales acudieron al Palacio de Gobierno para exigir un monto global pendiente que estimaban entre los 1,200 y 1,700 millones de pesos.
En contraste, el Gobierno de Nuevo León ha rechazado tajantemente la existencia de un adeudo.
El encargado del despacho de la Tesorería estatal, Ulises Carlín de la Fuente, argumentó anteriormente que las participaciones han sido entregadas de manera oportuna, atribuyendo las presiones financieras a una caída en la Recaudación Federal Participable sufrida durante el segundo trimestre del año.
Con la querella interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción, Monterrey convierte la disputa presupuestal en un asunto penal y advirtió que continuará agotando las instancias legales necesarias para recuperar los fondos asignados a la ciudad.
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