La inclusión digital no compite con ninguna lucha social, las complementa, porque sin acceso tecnológico no hay voz pública, sostiene Martín Yeshuá Barragán (CdMx, 1982), autor de Democratización de la tecnología, quien asegura que la modernización tecnológica es ya un requisito de ciudadanía.
Viendo los procesos históricos en materia tecnológica que ofrece de contexto en su libro, ¿cómo se puede esperar que esta vez sí imperen igualdad, transparencia e inclusión?
La historia de nuestro país tiene ciclos donde la modernización tecnológica avanza sin resolver desigualdades. Hoy la diferencia radica en la propia naturaleza de la tecnología contemporánea: ya no es un adorno administrativo ni un recurso para élites, es un requisito de ciudadanía, un instrumento transversal que impacta en educación, desarrollo económico, salud, justicia y participación ciudadana. La tecnología ha pasado de ser un símbolo de modernización a convertirse en un componente estructural de la vida pública moderna, como el agua o servicios públicos.
Algunas de sus propuestas tienen que ver con la voluntad de gobierno, partidos y empresarios. Puede alcanzarse una “democratización” digital con un partido hegemónico peleado a muerte con la oposición?
La tecnología no pregunta por ideologías. Ningún partido, ni el hegemónico ni la oposición, puede sobrevivir políticamente sin tecnología. En otras palabras: la democratización tecnológica no se articula desde la simpatía partidista, sino desde la interdependencia. El gobierno la necesita para gobernar bien, la oposición la necesita para vigilar, la iniciativa privada la necesita para crecer y la ciudadanía la necesitamos para no quedarnos fuera. La democracia digital avanza no porque les guste, sino porque no tienen alternativa.
La CNTE domina en cuatro o cinco estados con los peores índices de escolaridad y aprendizaje, por lo que difícilmente se puede esperar que se digitalicen con esos maestros.
La cruda realidad es que la educación sí condiciona la digitalización, pero también es cierto que la tecnología crea oportunidades que no existían. Las brechas digitales no se cierran solo con infraestructura; se cierran con capacitación, pertinencia cultural, gestión del cambio y programas focalizados, como los que ya operan en comunidades indígenas, zonas rurales y centros comunitarios. En estados donde la CNTE domina o los indicadores educativos son bajos, la ruta no es imponer tecnología desde arriba, sino adaptarla a las realidades locales, trabajar con alfabetización digital comunitaria y permitir que se apropien del proceso. El problema no es la CNTE, sino un Estado que durante décadas fue incapaz de poner el aprendizaje por encima del clientelismo. No se trata de esperar a que el sistema educativo se corrija para digitalizar: es al revés.
En 2000 el candidato del PRI prometía computadoras en las zonas rurales, pero en muchas aún no había electricidad.
Sin duda, los rezagos institucionales existen. Pero la experiencia histórica muestra que la tecnología avanza incluso a pesar de los gobiernos, porque responde a necesidades económicas y sociales que ninguna administración puede detener. Lo que antes frenaba la digitalización era la falta de infraestructura mínima; hoy, las telecomunicaciones, la energía eléctrica y el acceso a dispositivos tienen un alcance infinitamente mayor. La verdadera brecha ya no es solo física, sino cultural, pedagógica y de capacidades. Por eso hablo de enfoques integrales, porque la tecnología por sí sola no transforma, pero tampoco depende del nivel educativo del Congreso para avanzar. Si hoy hay rezagos en la educación en todos los sectores, no solo en el político, es consecuencia de esos políticos que prometían computadoras. El desarrollo digital se mueve desde muchos frentes, no solo desde el legislativo.
Hoy hay más partidarios de la inclusión en temas como hablar de “todes”, que en asuntos ingentes como la modernidad tecnológica.
Las agendas culturales siempre van a coexistir, no son excluyentes del desarrollo tecnológico. La inclusión digital no compite con ninguna lucha social, las complementa, porque sin acceso tecnológico no hay voz pública, ni participación informada ni igualdad de oportunidades. La inclusión digital no es una moda ideológica, sino un requisito para que las demás discusiones se den en condiciones igualitarias. La inclusión digital es, en realidad, la base para cualquier inclusión futura.
Hasta cuándo estará dispuesta la IP si no ve un compromiso paralelo desde el gobierno.
El sector privado participa por tres razones: necesita nuevos mercados, la digitalización sostiene la competitividad y la inclusión digital reduce costos estructurales. En el libro muestro cómo empresas como IBM, Telmex, Microsoft, Viasat, Starlink o Fundación Carlos Slim operan programas de inclusión digital en zonas donde el Estado no llega, no por altruismo, sino por estrategia de largo plazo. La colaboración público-privada es necesaria, pero la voluntad empresarial no desaparece cuando el gobierno flaquea; se ajusta, se redirige y se regionaliza. Las empresas hasta hoy no han necesitado permiso del gobierno para conectar una comunidad, pero sí un modelo de negocio exitoso.
Tampoco veo al gobierno verificando y obligando a empresas a ofrecer servicios de calidad. Me sorprendió ver lo bien que funcionan los SMS en medio de la sabana, en Ruanda, de una empresa de la que es socio Carlos Slim, en comparación con algunos lugares en CdMx.
Ese contraste revela algo clave: las telecomunicaciones no dependen únicamente del nivel de desarrollo de un país, sino de la arquitectura regulatoria y del modelo operativo de su mercado. Si Ruanda ofrece SMS más eficientes, no es porque México sea incapaz, sino porque el ecosistema de telecomunicaciones arrastra rezagos que no se resolvieron cuando debieron. Las decisiones tecnológicas han estado atravesadas por crisis económicas, reestructuras políticas y modelos regulatorios fragmentados por décadas. La conclusión no es que “no se puede”, sino que México requiere un rediseño regulatorio serio, no ha sido una barrera, sino un lastre que hemos cargado por décadas de malas decisiones, regulaciones tibias y concesiones sin exigencia técnica.
Siendo impostergable el tránsito a la inclusión digital, ¿qué perspectivas tiene?
México está en una posición intermedia, pero con ventajas estratégicas: mercado interno grande, talento joven abundante, ecosistema tecnológico creciente y sector privado que ya invierte en inclusión. No estamos condenados a “ir atrás”, pero tampoco avanzaremos por inercia. La inclusión digital dejó de ser futurismo. Es una urgencia nacional y, como tal, terminará imponiéndose.
LA CITA
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Cuándo: Sábado 6 de diciembre
Hora: 12 horas