El estado mexicano compareció este martes ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas, esto en el marco de la presentación de su décimo informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, siendo México el primer país que estará siendo evaluado durante el 91 periodo de sesiones el materia; y cuyo análisis continuará el miércoles.
Durante esta primera parte de la comparecencia, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, reconoció que en el país durante décadas ha existido un sistema de desigualdad estructural que ha intensificado todos los tipos de violencias hacía las mujeres; por lo cual dijo que su compromiso es transversalizar la igualdad sustantiva, la prevención y atención a las violencias, así como disminuir brechas estructurales para las mujeres.
“Reconocemos que el acceso a la justicia, a la reparación del daño y la garantía no repetición siguen siendo pendientes en la agenda para hacer efectivo en nuestro derecho a una vida libre de violencia, estamos conscientes de los retos y desafíos pero también reafirmamos nuestro inquebrantable compromiso de cara a las niñas y mujeres mexicanas y queremos trabajar siempre de la mano de especialistas del sector público, del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil”, remarcó.
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Por su parte, Ingrid Gómez, Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias afirmó que el Estado Mexicano reconoce con profunda preocupación el dolor y la indignación que estos delitos contra las mujeres generan en la sociedad y reiteró que cada caso representa una pérdida irreparable, por lo cual enfatizan la necesidad de estrategias focalizadas en cada uno de los territorios, además de el fortalecimiento de mecanismos de protección de mujeres en riesgo y la mejora de los sistemas de atención a víctimas.
Asimismo, durante su presentación inicial también destacaron las estrategias que se ha comenzando a realizar en beneficio de las niñas y mujeres indígenas, la implementación de reformas para garantizar la paridad en el gobierno, la distribución de presupuesto federal a favor de las mujeres, así como el seguimiento que se le está buscando dar a los casos de desapariciones de mujeres en el país.
Sin embargo, esta estrategia no convenció del todo a los expertos de la ONU, en el caso de Yamila González Ferrer, sus principales cuestionamientos respecto a los artículos 1 y 2 de la CEDAW fueron enfocados a la falta de homologación a nivel nacional en el tipo penal de feminicidio, su relación con comisión de búsqueda y personas buscadoras que en muchos casos han sido víctimas de amenazas, la implementación de la prisión preventiva oficiosa de manera desproporcionada y la desaparición del INAI como mecanismo de acceso a la información.
Al respecto, Jennifer Feller, directora general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que los derechos de acceso a la información y datos personales permanecen plenamente reconocidos en la Constitución; y en el caso del delito de feminicidio la Senadora Martha Lucía Micher dijo que si bien es necesario hacer una revisión el tema de la PPO, esta se implementó ya que anteriormente el Poder Judicial no daba garantía de que no hubiera corrupción y muchos feminicidas podían quedar libres mientras se realizaban las investigaciones.
Por su parte, Rovshan Safarov, señaló que hay una infrarepresentación de las mujeres a nivel municipal, esto ya que aunque sean mayoría de candidatas para ayuntamientos, al final no las escogen por cambios estructurales, estereotipos de género o también de un sesgo contra la mujer de los partidos nombran a mujeres para distritos en los cuales tienen pocas posibilidades de ganar o ninguna. En este sentido la representante del INE en la CEDAW remarcó que ya se están empleando mecanismo que obligan a los partidos a establecer candidaturas en cargos en los que realmente puedan competir para ganar.
En su intervención Patsilí Toledo Vásquez, expresó su preocupación ante la falta de protocolos de actuación frente a la existencia de estereotipos en los medios de comunicación que afectan a mujeres con discapacidad, indígenas, afroamericanas o solicitan; esto aunado a que la violencia digital se limita únicamente a la difusión no consentida de imágenes íntimas y no se contemplan sanciones administrativas, ni civiles.
Al respecto la Senadora Micher dijo que se ha trabajado contra la violencia mediática y han reformulado una serie de violencias dentro del código penal como es la ley de seguridad en donde se incluye la violencia digital y también la violencia mediática ya que es una obligación de quien la ejerce no solamente bajar inmediatamente esa información, sino tener una sanción, pero también hay dijo que hay una obligación de las plataformas de bajar inmediatamente esa información.
Para la comparecencia ante la CEDAW la delegación mexicana se encuentra compuesta por 24 personas, entre ellas integrantes del Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INEGI, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Centro Nacional de Equidad de Género, Salud sexual y Reproductiva, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, el Senado de la República, entre otros.
Organizaciones piden a CEDAW tomar acciones en materia de militarización, aborto y feminicidios
La Alianza por los Derechos de Mujeres y Niñas en toda su diversidad, conformada por 21 organizaciones mexicanas, solicitaron al Comité CEDAW de la ONU una serie de acciones afirmativas.
Dichas acciones ante la evidencia que tienen sobre el retroceso en temas como militarización, criminalización del aborto, desapariciones, feminicidios y falta de acceso a justicia.
En este sentido por medio de un pronunciamiento solicitaron a la CEDAW que recomiende a México varias acciones como garantizar la vida e integridad de todas las mujeres, reconociendo y protegiendo especialmente a las defensoras de derechos humanos y a las buscadoras de personas desaparecidas, reconociendo que también son defensoras de derechos humanos.
Asimismo, establecer controles civiles efectivos sobre las fuerzas armadas, a través de la implementación de protocolos con enfoque interseccional y de género en todas las instituciones castrenses para prevenir actos de violencia sexual, tortura, desaparición forzada y otras violaciones; también se busca eliminar prácticas discriminatorias en la justicia, como la prisión preventiva oficiosa.
También solicitaron la derogación de inmediato de leyes que criminalizan el aborto, eliminar el delito de estupro de los códigos penales y no exigir resistencia física en casos de violencia sexual.
Otra de sus solicitudes fueron la promoción de reformas para garantizar empleos dignos para todas las mujeres, políticas públicas para fortalecer la investigación, cooperación interinstitucional y prácticas forenses para abordar las desapariciones y trata de mujeres.
Por último, solicitaron al Comité reafirmar y fortalecer una postura inclusiva hacia la diversidad, especialmente en la protección contra la discriminación por identidad de género y hacia las mujeres trans, además de realizar medidas concretas en contra de la impunidad en casos de feminicidios.
Además de realizar investigaciones exhaustivas, con enfoque de género e identificación de patrones de violencia, así como garantizar la reparación integral del daño para familiares de víctimas.
CHZ
