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Lunes , 20.05.2019 / 21:49 Hoy

Con memorando, AMLO se metió en una "trampa política": Cossío Díaz

Reforma educativa

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, dijo que los miembros de la administración pública también son servidores públicos que están sometidos al orden jurídico.
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El memorando con el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador busca dejar sin efecto la reforma educativa carece de fundamentación y motivación, e incluso las autoridades administrativas, en el momento de aplicarlo, pudieran incurrir en responsabilidades, afirmó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz.

“Los miembros de la administración pública también son servidores públicos que están sometidos al orden jurídico y no pueden acatar instrucciones o decisiones de su jefe cuando éstas sean notoriamente inconstitucionales o contrarias del derecho… las propias autoridades administrativas al momento de aplicarlas podrían incurrir en responsabilidad. Entonces creo que el presidente con una orden así pone en riesgo jurídico a sus propios colaboradores", advirtió en entrevista con MILENIO.

Cossío dijo que el Presidente "se ha metido en una trampa política", porque por un lado ofreció derogar estas disposiciones mediante una reforma constitucional, pero por otro lado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no acepta la propuesta del mandatario.

"Y el Presidente lo que está haciendo es posponer una decisión jurídica, en términos jurídicos, ordenando su desaplicación o inaplicación. Creo que eso jurídicamente no es posible y me parece que lo que está haciendo es ganar tiempo para efecto de ganar negociaciones, pero lo está haciendo por un camino jurídico francamente equivocado”, declaró el ministro.

Cossío Díaz explicó que el artículo 16 de la Constitución tiene la regla más básica de todo sistema democrático, la cual es, que los actos de autoridad tienen que fundarse y motivarse. 

Subrayó que las normas jurídicas han sido emitidas por autoridades democráticas, "nos guste o no nos guste el contenido de ellas".

"Si el Presidente de la República quiere dejar de aplicar estas disposiciones, pues tiene que seguir los procesos de derogación de las propias disposiciones. La Constitución tiene una reforma educativa, esa reforma tiene a su vez una serie de leyes, en las cuales se está implementando. Entonces es importante seguir los procedimientos jurídicos.
"El Presidente en su así llamado memorándum no funda ni motiva ni determina cuál es la norma jurídica que le da competencia para llevar la derogación o la inaplicación de las normas jurídicas”, apuntó. El ministro en retiro aseguró que ni una autoridad tiene facultades para inaplicar las normas jurídicas, salvo los jueces cuando hacen control difuso, pero eso es una autorización constitucional, ya que todas las demás autoridades tienen que atenerse a las normas y ese es el verdadero ejercicio democrático del poder.

El ministro en retiro comentó que este caso es muy fácil de impugnar, a través de un amparo contra los actos de debida fundamentación y motivación de las autoridades, "es un amparo relativamente fácil" porque lo que se le pregunta a la autoridad por parte del juez de Distrito es que diga en qué norma jurídica basa su competencia para hacer aquello que está haciendo. Segundo, qué norma jurídica le autoriza hacer aquello que está haciendo.

“Yo, hasta donde observo no encuentro que haya normas jurídicas que autoricen a alguna autoridad dejar de aplicar y menos ordenarles a los miembros de la administración pública detengan esta aplicación.


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