Movimiento Ciudadano (MC) y el gobierno de Nuevo León libraron las sanciones por la supuesta elaboración y distribución de 'acordeones' durante la elección judicial. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió, por mayoría, que las denuncias carecen de sustento y declaró inexistentes las infracciones.
La denuncia, presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), señalaba que MC y funcionarios estatales habían elaborado y distribuido miles de “acordeones” —guías impresas y digitales con nombres de candidatos a juzgadores— para orientar el voto.
Apenas en julio, el TEPJF había ordenado al Instituto Nacional Electoral (INE) abrir una investigación tras difundirse fotografías del coordinador estatal de MC, Baltazar Martínez Ríos, posando con uno de esos materiales.
El INE, en primera instancia, había desechado las quejas por considerarlas improcedentes. Sin embargo, el tribunal revocó esa decisión y exigió indagar lo que se conoció como el “operativo acordeón”, en el que se denunciaba la presunta injerencia de liderazgos naranjas en la elección judicial.
Pero hoy, en sesión pública, la Sala Superior concluyó que no se acreditó la autoría ni la distribución de los materiales por parte de MC, ni se comprobó entrega de dádivas, promesas o presión sobre el electorado.
Anula designación del OIC en Tlaxcala
La Sala Superior también dejó sin efectos la designación del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Tribunal Electoral de Tlaxcala realizada por el Congreso local al considerar que dicha facultad vulnera la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales.
En este sentido, ordenó emitir de inmediato la convocatoria para elegir a su propio titular, además de dar vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Revocación de mandato en Veracruz: Congreso debe legislar
En la sesión también se revocó la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz que había considerado cumplida la sentencia sobre la omisión legislativa en materia de revocación de mandato.
El máximo tribunal electoral instruyó al tribunal veracruzano emitir una nueva resolución en la que declare que la sentencia está en vías de cumplimiento y despliegue sus atribuciones para que el Congreso local expida la ley reglamentaria dentro de un plazo razonable.
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