La nueva Ley de Educación en Puebla generó controversia no por su contenido, sino porque existe una disputa política entre los grupos empresariales y el gobierno de aquella entidad, consideraron especialistas en temas educativos.
Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), explicó que no se debe analizar sólo como la inconformidad de las instituciones educativas privadas entorno a un artículo o disposiciones de dicha ley, sino a la luz de las voces empresariales y conservadoras que tienen una importante influencia en Puebla, como la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y la Unión Nacional de Padres de familia.
Explicó que desde 1993, la Ley General de Educación ya establece la articulación de un sistema educativo nacional sin ser un tema de expropiación, lo que conlleva los bienes muebles e inmuebles de todas las instituciones de educación sean públicas o privadas.
“De ninguna manera es igual a una expropiación, es una verdadera exageración, es un equívoco tratar de equiparar esta idea de apropiación de los bienes inmuebles, muebles que son parte sistema educativo, más bien lo que quiere decir es que todo eso está orientado para el beneficio de la sociedad y su conjunto y que ha de tener una vertebración.
“El sentido del Estado es justamente proporcionar vertebración a lo público y lo privado, eso está establecido desde la Ley general de la educación de 1993. No es una cuestión de un artículo, sino que se están dirimiendo diferencias políticas profundas y se lleva a la estridencia”, consideró.
Tras analizar la Ley de educación poblana, el especialista advirtió que la legislación de ninguna manera recorta o acota las posibilidades del ejercicio y la oferta libre de la educación privada, pues en realidad le da cauce.
Casanova detalló que el porcentaje que detenta la educación privada en Puebla es menor, no obstante su poder político es grande.
El especialista educativo explicó que en Puebla, las instituciones educativas privadas, en el caso de preescolar concentran el 16 por ciento de la oferta educativa, mientras que en primaria y secundaria apenas es un 8 por ciento.
“Este sector es pequeñito en tamaño y es grande en recursos económicos, su voz se vuelve muy importante porque están utilizando el amplificador de la Coparmex, al Consejo Coordinador Empresarial y de la Unión Nacional de padres de familia”, consideró.
Cabe mencionar que en 2021 habrá elecciones intermedias para renovar diputaciones federales y locales, así como presidentes municipales.
Casanova lamentó que la discusión de la legislación no se centra en la calidad de la educación o a la ampliación del acceso.
“El rezago educativo en Puebla ocupa el lugar 27 de 32 estados, el piso está disparejo y eso no es lo que está en discusión”, dijo.
Ley de Educación podría llegar a la Corte
En tanto, Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del IISUE, adelantó que la controversia podría dirimirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su contenido y el proceso legislativo para su aprobación.
El investigador criticó que la ley impulsada por Morena en la entidad se aprobó en fast track y sin el análisis de las partes involucradas.
El investigador consideró que con ello se regresan a las viejas prácticas que tanto prometió abolir Morena y la administración federal.
“Muchos esperamos que la cuarta transformación mostrara un signo diferente, pero no es así, se regresó al viejo PRI, el gobernador manda el proyecto de ley y la ley es aprobada, sin discusión y sin que el congreso abra un espacio con los diversos involucrados. No se respetó el proceso, que es lo que la sociedad está esperando, esto demuestra que nos falta muchísimo en la depuración de los procesos legislativos”, expuso.
Díaz Barriga coincidió en los tintes políticos de la controversia y lamentó que no se discuta la calidad de la educación en la entidad.
La nueva Ley de Educación de Puebla, aprobada el pasado 15 de mayo, establece que los bienes mueble e inmuebles de las escuelas particulares en la entidad pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal, además se permite investigar los aumentos de las cuotas particulares.
Además, todas las instituciones tienen que colaborar en esquemas de fiscalización que deberán ser aprobados por la SEP si algún padre de familia lo demande.
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