Tras el retiro de los diputados del PAN en protesta por violaciones al proceso legislativo y censura por parte del legislador petista, Ricardo Mejía, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en el Palacio de San Lázaro aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados que prevé la desaparición del sistema Compranet, para sustituirlo con la nueva Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
Avalado con 25 votos de Morena y aliados a favor, uno del PRI en contra y dos abstenciones de MC, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su próxima discusión en el pleno.
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Previamente, los legisladores panistas Éctor Jaime Ramírez, Héctor Saúl Téllez y Rocío González señalaron el incumplimiento de los plazos legales para distribuir los dictámenes y pidieron por ello suspender la reunión sin conseguirlo, por lo que abandonaron la mesa y anunciaron que pedirán el cese de Ricardo Mejía como presidente de la comisión.
Al exponer el proyecto, Ricardo Mejía, defendió la desaparición de Compranet:
“La Plataforma Digital de Contrataciones Públicas es una herramienta innovadora que materializa los principios de transparencia y máxima publicidad; esta plataforma garantizará el acceso inmediato, imparcial y eficiente a la información, permitiendo la fiscalización oportuna de los recursos públicos”, dijo.
¿Qué implica la reforma a la Ley de Obras?
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum busca establecer un marco jurídico para regular las contrataciones públicas y garantizar que ningún servidor público o particular pueda beneficiarse con recursos que deben ser utilizados en favor de la población.
Se prevé además un nuevo supuesto para restringir la celebración de contratos por parte de las dependencias y entidades con personas que hayan incurrido en la comisión de prácticas monopólicas absolutas, tengan incumplimiento reiterado de sus obligaciones contractuales, o bien, cuenten con socios o asociados inhabilitados, lo que evita la participación de testaferros para elevación de la ley.
Los licitantes, cotizantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta ley serán sancionados por la Secretaría (Anticorrupción) con multa equivalente a la cantidad de 50 hasta mil veces el valor de la UMA diaria vigente elevada al mes en la fecha de inflexión.
Además de inhabilitarlos temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación y celebrar contratos regulados por la ley.
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción declaró un receso, a la espera de la opinión de la Comisión de Presupuesto, para discutir y votar la iniciativa presidencial de reformas a la Ley de Adquisiciones que forma parte del mismo paquete.
Aquí puedes ver la sesión:
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