El magistrado Fernando Silva García, quien como juez federal puso en aprietos a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, por los fallos que dictó contra la gestión administración de Miguel Ángel Mancera, fue designado como secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal.
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Por su parte, Netzaí Sandoval Ballesteros fue designado como director general del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Sandoval Ballesteros es también activista y en 2011 presentó una denuncia en la Corte Penal Internacional de la Haya contra el gobierno de Felipe Calderón por crímenes de guerra y lesa humanidad. Además, es hermando Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.
En diciembre pasado, Silva García tomó posesión como magistrado durante una sesión solemne en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tiene más de 20 años de carrera judicial y es hijo del ex presidente de la Corte, Juan Silva Meza.
Como juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa tuvo en sus manos asuntos de gran impacto.
En su momento, ordenó el cese total de la construcción, sobre la avenida Paseo de la Reforma, de la Línea 7 del sistema de transporte público Metrobús.
Durante 2016, el abrió la posibilidad de que personas con 60 años de edad puedan viajar de manera gratuita en el Metrobús, servicio de transporte que no cobra tarifa a los pasajeros a partir de los 70 años de edad.
Silva consideró que era inconstitucional que en el acuerdo para acceder a tal exención se establezca como requisito tener 70 años o más, ya que tal disposición es violatoria de los derechos fundamentales de igualdad, progresividad y reserva de ley.
También otorgó varios amparos a capitalinos que impugnaron cinco artículos del Reglamento de Tránsito de la capital, relacionados con el cobro de las fotomultas.
En 2015, coincidió con otros jueces, quienes calificaron de inconstitucional la Ley de Movilidad del Distrito Federal aprobada en julio de 2014 por la Asamblea Legislativa y promulgada por Miguel Ángel Mancera.
Asimismo, metió en aprietos al gobierno federal, porque en 2015 ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores restituir el monto íntegro y total de los ahorros que depositaron cuatro personas en la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Ficrea, debido a que la comisión conocía desde 2014 las irregularidades en ese fondo de inversión.
De igual manera, exhibió las omisiones en que incurre la Secretaría de Educación Pública para evitar y erradicar el abuso, maltrato y acoso sexual entre alumnos en planteles escolares.
Más nombramientos
Carlos Antonio Alpízar Salazar fue nombrado director general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del próximo 1 de febrero.
Mientras que Jaime Santana Turral fue designado como secretario ejecutivo de Disciplina del CJF; y Arturo Guerrero Zazueta, ocupará el cargo de secretario ejecutivo del Pleno del CJF.
VJCM
