Desde 2019, cuando se autorizó el último aumento al transporte público en Jalisco y la tarifa se fijó en 9.50 pesos, el sistema de cobro en los autobuses abrió una polémica que persiste hasta hoy: las máquinas no dan cambio.
El resultado es que millones de usuarios pagan 50 centavos de más en cada viaje, sin que durante años existiera una explicación clara y pública sobre el destino de ese excedente, el cual se diferencía en el recaudo, ya que al contrario de las líneas del Tren Ligero y Mi Macro, donde sí existe una administración centralizada, en las rutas de transporte público, el ingreso queda en manos de los transportistas.
Glosa evidenció aun más el descontento de la población
La falta de cambio en el transporte colectivo ha sido una queja constante de los usuarios durante seis años, no sólo por el monto en sí, sino por la opacidad en torno a su acumulación. Considerando la magnitud del sistema y la cantidad de viajes diarios, el excedente se convirtió en un símbolo de desconfianza hacia el modelo de cobro vigente.
La discusión volvió al centro del debate político durante la glosa del Primer Informe de Gobierno de Pablo Lemus Navarro, realizada el 21 de noviembre de 2025, cuando la diputada local de Morena, Itzul Barrera, confrontó en el pleno del Congreso al secretario de Transporte, Diego Monraz, por no resolver el problema de las alcancías electrónicas.
En un gesto que buscó evidenciar el reclamo social, la legisladora arrojó monedas de 50 centavos al funcionario, exigiendo una explicación sobre el destino del dinero que se cobra sin posibilidad de cambio.
¿Dónde terminan los 50 centavos de cambio por cada viaje?
Tras ese episodio, las autoridades estatales reiteraron una postura que ha generado más preguntas que certezas: la Secretaría de Transporte no administra el dinero que se paga en los autobuses, ya que esos recursos permanecen en manos del sector transportista.
El gobierno estatal, explicó, que los más de 30 millones de pesos provenientes del acumulado de los 50 centavos excedentes en el pago de la tarifa del transporte público, serían utilizados en apoyos a familiares de víctimas de desaparición y policías caídos en servicio.
JVO