Semanas después de que Arturo Zaldívar, ministro Presidente, aplazó los asuntos de Nuevo León, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el requisito que prohibía a un ciudadano naturalizado acceder a dos puestos en el Congreso local.
El proyecto del ministro José Fernando González resolvió que los extranjeros nacionalizados en México puedan acceder a ocupar la titularidad de la Oficialía Mayor y de la Contraloría del Legislativo local.
El pasado 20 de enero del 2020 el Congreso local publicó el artículo 81, último párrafo, en el Periódico Oficial, decretando que, en los casos del Titular de la Oficialía Mayor y de la Contraloría Interna, se requerirá además ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad.
Por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió la acción de inconstitucionalidad, pidiendo la invalidez del último párrafo del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
En el análisis en la sesión del Pleno, la ministra Margarita Ríos Farjat no compartió la metodología ni las consideraciones propuestas en el proyecto.
“Desde mi perspectiva el legislador local no está legislando en materia de nacionalidad, sino condicionando el acceso a un cargo a determinados requisitos, cuestiones para las que el Congreso del Estado sí tiene competencia, pues no se trata de una facultad expresamente conferida a la Federación.
“No encuentro que la exigencia de ser mexicano por nacimiento o la prohibición para adquirir otra nacionalidad sean correctas o pertinentes respecto a la labor a desempeñar como oficial mayor o contralor interno del Congreso del Estado”, declaró.
Los ministros reiteraron el criterio establecido en precedentes, asentado en el artículo 32 constitucional, ya que los Estados carecen de competencia para exigir dichos requisitos para el acceso a los citados cargos.
“De esta forma, el Pleno de la SCJN invalidó el artículo 81, último párrafo, en su porción normativa “por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad”, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León”, señaló el ministro González.
Por último, el Congreso local deberá modificar el asunto una vez que la Suprema Corte les notifique para dar vista al ejecutivo local y se modifique el articulado.
