La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) expresó su preocupación por la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, presentada por el Ejecutivo Federal, porque dijo que la propuesta no corrige los problemas estructurales derivados de la reforma judicial aprobada en 2024 y, por el contrario, profundiza la incertidumbre institucional, económica y jurídica que actualmente enfrenta el país.
Mencionó que el aplazamiento al año 2028 de la segunda parte de la reforma judicial debe venir acompañada de una política pública de favorecer a los candidatos con preparación y experiencia sobre los que no lo tengan, cosa que no toca la iniciativa.
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Incertidumbre deriva de cambios al sistema judicial
La BMA subrayó que la función jurisdiccional es una de las tareas más complejas y especializadas del Estado, por lo que los cargos de jueces y magistrados exigen preparación técnica, independencia, experiencia judicial y un conocimiento profundo de la ciencia del Derecho.
“La iniciativa presentada omite atender este problema de fondo continuando con la sustitución progresiva de un sistema de carrera judicial basado en mérito, exámenes, experiencia y especialización por una que contempla mecanismos que privilegian factores ajenos a la capacidad técnica indispensable para impartir justicia”, agregó.
Aunque se ha argumentado que el cambio produce legitimidad democrática, la Barra puntualizó que la impartición de justicia no puede equipararse a un ejercicio de representación política.
“Un juez constitucional o un magistrado federal no son ni pueden ser delegados de intereses mayoritarios ni operadores políticos; son garantes de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la estabilidad jurídica del Estado. Debilitar los estándares técnicos de integración del Poder Judicial compromete inevitablemente la calidad y temporalidad de las resoluciones judiciales y erosiona la confianza en las instituciones”, abundó.
Asimismo, advirtió que la incertidumbre derivada de las modificaciones al sistema judicial ha contribuido al deterioro de la percepción de seguridad jurídica en México, afectando negativamente las condiciones para la inversión nacional y extranjera.
“Ninguna economía moderna puede sostener niveles adecuados de crecimiento cuando los inversionistas carecen de confianza en tribunales al dejar de ser independientes, técnicamente competentes y capaces de resolver controversias conforme a derecho. La certeza jurídica constituye un elemento esencial para el desarrollo económico. Las inversiones productivas requieren reglas claras, estabilidad institucional y órganos jurisdiccionales confiables”, añadió.
Llaman a priorizar el fortalecimiento del Derecho
Además, enfatizó que la iniciativa presentada no ofrece mecanismos eficaces para fortalecer dichas condiciones y, por el contrario, incrementa la percepción de incertidumbre respecto de la imparcialidad y profesionalización de quienes tendrán a su cargo la resolución de conflictos de alta complejidad económica, regulatoria y constitucional.
“La Barra Mexicana, Colegio de Abogados considera indispensable subrayar que la legitimidad democrática de los jueces no deriva de su popularidad electoral, sino debe su independencia, imparcialidad, capacidad técnica y sujeción estricta al orden constitucional.
“La protección y defensa a los derechos humanos no depende de que un juzgador haya sido electo mediante voto popular, sino de que sus decisiones sean previsibles, profesionales, autónomas y fundadas en derecho”.
Por ello, hizo un llamado a que cualquier modificación al sistema judicial mexicano se construya mediante un diálogo amplio, técnico y plural, que priorice el fortalecimiento del Estado de Derecho, la independencia judicial y la seguridad jurídica como condiciones indispensables para nuestra democracia constitucional y el desarrollo económico del país.
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