El presidente de la República, Enrique Peña Nieto entregó al Congreso la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Educación, con ello se busca revalidar los estudios de los llamados dreamers, mexicanos ilegales en Estados Unidos a su retorno al país.
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En sesión exprés que duró escasos, cuatro minutos y con la asistencia de 337 diputados de los 500 que integran la Cámara de Diputados, así como con la ausencia de 49 senadores se abrió el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo años de ejercicio de la 63 legislatura.
En la asamblea que inició a las 11:48 y culminó a las 11:52 de la mañana se comunicó a los legisladores sobre la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Educación, misma que fue turnada al Senado para su revisión.
Con dicha propuesta busca legalizar la situación de los llamados dreamers, estudiantes mexicanos que mantienen una situación ilegal en Estados Unidos y que al llegar a México ven inválidos sus estudios debido a que no existe legislación al respecto para poder revalidar estos.
Lo anterior, ante la crisis que vive el país ante la política antiinmigrante que promueve el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Minutos después de la apertura del periodo, la Cámara de Diputados inició sesión solemne en conmemoración del Centenario de la Promulgación de la Constitución de 1917.
Con esta iniciativa, el Presidente ejerce la facultad que le otorga la Constitución, de remitir al Congreso de la Unión, al inicio de cada periodo ordinario, una iniciativa preferente, para que sea atendida y turnada a la Cámara que se considera deba ser la de origen, la cual tendrá 30 días para su discusión.
En caso de no cumplir este plazo, la iniciativa preferente pasará al pleno para su votación en la siguiente sesión del pleno, en sus términos y sin mayor trámite.
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La Carta Magna también señala que en caso de aprobación o modificación por la Cámara que recibió la iniciativa preferente, pasará de inmediato a la Cámara revisora, que también deberá discutir el proyecto de ley o decreto en un plazo no mayor de 30 días o bien en la siguiente sesión.
JASR
