Para este año el gobierno estatal, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), pondrá en marcha la Política de Persecución Penal y se iniciarán los trabajos para la Agencia de Investigación Criminal.
Así lo establece el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2022 en su eje ‘Hidalgo Seguro con Justicia y en Paz’ el cual entró en vigor a partir del 1 de enero de este año.
El documento establece que la Política de Persecución Penal tiene como objetivo hacer más eficiente la atención a víctimas y la investigación, la cual busca la optimización de los recursos mediante una atención diferenciada al impacto de cada caso criminal, el tipo de víctima, el tipo de delito o el lugar de comisión de los hechos.
De igual modo, se iniciarán los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que, de acuerdo con el documento, tendrá mejores herramientas de análisis de información, capacidades técnicas, científicas y de organización, con la finalidad de resolver con mayor certeza los delitos.
El 15 de octubre de 2021 se creó la Agencia de Investigación Criminal, tras la publicación del nuevo el Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual es competente para coordinar, evaluar y supervisar el trabajo de investigación, de análisis de información y el pericial.
Su persona titular será designada por el procurador y deberá emitir las instrucciones y lineamientos generales para que las y los servidores públicos a su cargo actúen bajo la conducción del Ministerio Público.
Entre las facultades y atribuciones de la persona titular de la AIC están el establecer los lineamientos generales para las actuaciones a cargo de las personas agentes de investigación, analistas de información y personal pericial.
El Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2022 señala que este año a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo le fueron etiquetados 772 millones 414 mil 887 pesos.
El eje ‘Hidalgo Seguro con Justicia y en Paz’ establece que la procuración de justicia deberá ser eficaz, eficiente, transparente y evaluable, orientada a garantizar los derechos de las víctimas del delito, con los beneficios de la resolución de carpetas de investigación por delitos de corrupción; las carpetas de investigación determinadas por el Ministerio Público; las intervenciones periciales realizadas; el cumplimiento de órdenes de aprehensión y de mandamientos ministeriales; las medidas de protección para víctimas del delito otorgadas; los vehículos con reporte de robo recuperados y devueltos a sus propietarios; los acuerdos reparatorios generados; y el cumplimiento en la producción de análisis de la información cibernética.
Además de perseguir y procurar la sanción del delito con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y sensibilidad a las necesidades de las y los justiciables, mediante la resolución de carpetas de investigación por delitos de violencia a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores así como por feminicidio.
