La ley que la Comisión de Quejas y Denuncias aplicó en contra de Alejandro Moreno, que regula la calumnia en política y por la que el dirigente tricolor acusa censura por parte del INE, la impuso el PRI en 2014 cuando gobernaba y gozaba de mayoría en el Poder Legislativo.
Así frenó el consejero Arturo Castillo las acusaciones con las que el representante del PRI, Emilio Suárez Licona, se lanzó en contra del INE y de la comisión que Castillo preside, acusándolos de “desmantelar la democracia” luego de que ordenaran medidas cautelares para que Alejandro Moreno eliminara cinco publicaciones en las que usó expresiones que la ley relaciona con calumnia, al vincular a Morena con el crimen organizado.
“El INE no está protegiendo ni a partidos ni a gobiernos, el INE está aplicando la ley que ustedes mismos aprobaron, casualmente en 2014, cuando el PRI tenía 52 senadores y 212 diputados
“Si no les gusta esto, si les parece que esto desmantela la democracia, no le carguen al Instituto Nacional Electoral la responsabilidad de las normas que ustedes mismos aprobaron, cámbienlas; pero no se quejen de que nosotros arbitramos con las leyes que ustedes nos otorgan y luego nos digan que nosotros somos responsables por estas limitaciones. Esto viene de la ley, no viene de nosotros, viene de ustedes”, respondió el consejero.
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El debate comenzó con un posicionamiento pocas veces visto del PRI en contra del árbitro electoral en el que, primero, arrancó advirtiendo que recurriría al Órgano Interno de Control porque había pedido a la secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino, que lo anotara como primer participante, pero le dio la palabra primero a Morena.
“Eso habla de parcialidad en este Instituto Nacional Electoral”.
El diputado priista acusó que “la democracia no se fortalece borrando publicaciones sino cuando las ideas se confrontan” y que “retirar expresiones incómodas” o determinar que “no le está permitida a la oposición cuestionar al gobierno”, es una ruta que “desmantela la democracia”.
Por lo que acusó a la Comisión de Quejas y Denuncias de intentar proteger al gobierno federal pese a que las acusaciones relacionadas con el crimen organizado son públicas.
“¿Qué es exactamente lo que quiere censurar el INE?, ¿quieren que dejemos de hablar de La Barredora, de Adán Augusto, de la sociedad con Hernán Bermúdez Requena, del huachicol fiscal, de la muerte de Sergio Carmona, de su hermano asilado en Estados Unidos, del modus operandi de esa red criminal que financió políticamente a Morena?
“¿Quieren que dejemos de hablar de los territorios donde ya no gobierna el Estado sino el crimen organizado con la complacencia del oficialismo, ¿de verdad asumen que el PRI dejará de denunciar, condenar y señalar el 'narcogobierno' de Sinaloa, al narcotraficante de (Rubén) Rocha Moya, acusado de coparticipación en el asesinato de Héctor Melesio Cuén y las investigaciones abiertas en Estados Unidos en contra de gobernadores y dirigentes de Morena?, Por conciencia moral este Instituto debería presionar al gobierno por justicia”.
La consejera del Poder Legislativo por el PRI, Marcela Guerra, se sumó a estas quejas y argumentó que el INE “fue creado para garantizar elecciones libres y no para proteger al gobierno frente a la crítica, fue creado para asegurar el pluralismo y no para domesticarlo, y fue creado para impedir los abusos de poder y no para facilitar que el partido gobernante utilice a la autoridad electoral como un escudo reputacional”.
El consejero Arturo Castillo replicó con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral en mano, los dos artículos que definen y regulan la calumnia en propaganda política y electoral, que va relacionada con imputación de delitos, y que el PRI impuso cuando gobernaba.
“¿Atribuirle narco a alguien constituye la atribución a un delito? Basta leer el Código Penal Federal en donde está expresamente tipificado el tipo penal de narco, incluso hasta propaganda, 'narcopropaganda'. En el caso, ¿las publicaciones en redes sociales contienen la palabra narco? Sí, ¿encaja en la tipificación de un delito? Sí”.
Castillo también explicó que como indican los priistas, el debate parlamentario está protegido, sin embargo, Alejandro Moreno no demostró que su debate era en este contexto sino, por el contrario, toda su defensa la hizo como dirigente de un partido.
“Alejandro Moreno no estaba actuando como senador de la República, estaba actuando como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. No vino a defenderse como senador, vino a defenderse como presidente de un partido, por lo tanto, no está blindado. Hubiera estado absolutamente protegido por esa inmunidad parlamentaria”.
Además, recordó que es válido que este tipo de publicaciones se sustenten con notas periodísticas en las que en el debate público se hacen este tipo de señalamiento, pero la defensa de Alejandro Moreno “presentó notas sobre el gobierno, no sobre el partido, por lo tanto, son entidades diferentes”, por lo que fue desestimado.
El priista replicó al consejero cuestionándole si desconoce los señalamientos nacionales e internacionales contra Morena. Mostró diferentes fotografías del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y copias de las investigaciones que tiene en Estados Unidos, incluso leyó lo que la Real Academia Española considera 'narcopolítica'.
En medio del ambiente tenso, Arturo Castillo se limitó a responderle: “Nada de esto está en su propaganda, ése es justamente el punto”, lo que dejó el pleno en silencio por varios segundos y el priista se limitó a revisar su celular.
Con esta réplica, el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias recordó que ha habido otros casos, como recientemente el de la senadora panista Lilly Téllez, denunciada por Morena por un caso similar, pero ella acompañó sus publicaciones con sus posicionamientos en el Senado de la República y evidencias similares a las que ahora presentaba el priista.
Sin embargo, ni en las publicaciones ni en su defensa, Alejandro Moreno presentó lo que el PRI llevó a la mesa del Consejo General.
Morena se involucró en el debate, argumentando que “Alito no puede venir a acusar censura, ¡por Dios!”, dijo el representante morenista Guillermo Santiago, quien incluso, pidió reproducir el audio en el que el dirigente nacional del PRI señalaba que a los periodistas “no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”.
El representante del nuevo partido PAZ, Ernesto Guerra, también se sumó a la defensa del consejero Castillo señalando que “es muy clara la explicación, si al dirigente del PRI se le sanciona es porque trae esa cachucha, no la de senador” y criticó que los priistas sólo se quejen cuando los criterios los tocan a ellos.
“Fue una calumnia en una discusión que, además, nos ha tocado a todos los partidos políticos, tampoco nos espantemos, hoy decimos que el INE es censor pero cuando nos ha favorecido no decimos nada”.
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