Con desacuerdos y ajustes de último momento, el Consejo General del INE aprobó la integración de la Comisión de Verificación de Integridad de aspirantes a cargos públicos del 2027, que servirá únicamente como puente entre partidos políticos y autoridades de justicia y seguridad, para ponerle la lupa al historial de los perfiles que pretendan postularle en las próximas elecciones.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, fue enfática en recordar que el INE no tendrá ningún tipo de atribución para investigar, que no será quien determine a quién investigar, no será la autoridad encargada de determinar ilícitos o responsabilidad penal alguna ni tampoco sustituirá la facultad exclusiva de los partidos de determinar a quién postulan o no.
Por lo que fue insistente en recordar que la reforma en la materia únicamente coloca al INE como un puente entre partidos y autoridades, respetando sus facultades constitucionalmente en el ámbito administrativo.
“La Comisión tendrá por objeto recibir de los partidos políticos y de las personas que aspiren a candidaturas independientes los listados de quienes pretendan postular a cargos de elección popular antes de que sean registrados ante la autoridad electoral. Esa información será remitida a las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera para que dentro de sus atribuciones éstas realicen el análisis de riesgo correspondiente.
“La reforma define con claridad el papel del Instituto en este mecanismo: el INE concentra la interlocución, dará cauce a las solicitudes y comunicará los resultados que emitan las autoridades especializadas protegiendo datos personales y sin comprometer el ejercicio de derechos. El Instituto no determinará el riesgo razonable ni responsabilidades penales, no realizará investigaciones propias en materia que correspondan a otras autoridades, y no sustituirá a los partidos políticos en la selección de sus candidaturas”.
Taddei fue insistente en señalar que ni el consejero Arturo Chávez como presidente de la comisión, ni la consejera Norma Irene de la Cruz o el consejero Uuc-kib Espadas tendrán la responsabilidad de terminar riesgos en los perfiles, por lo que coincidió con otras voces en que se debe ser cuidadoso en qué es lo que le compete al INE y qué no.
“El Instituto Nacional Electoral no puede correr ningún riesgo en términos de juzgar o no juzgar, porque no es nuestra materia el tema de seguridad y nivel de definición de riesgos, pero sí habremos de hacer el trabajo correspondiente de acuerdo a la reforma que el legislador quiso realizar y que así aprobó.
“Deberemos de ser congruentes con el trabajo que nos ocupa, debemos de ser exageradamente cuidadosos para no caer efectivamente en estos posibles baches en los que por posiciones políticas o no, quisieran involucrar al Instituto Nacional Electoral, debemos de ser exageradamente cuidadosos”.
También aclaró que así como no es facultad del INE investigar, tampoco lo es suplir a los partidos que seguirán siendo los responsables de cada nombre que postulen y de cuánto consideren la información que las autoridades responsables les proporcionen.
“Es decir, no olvidemos, la responsabilidad primigenia y final está en los partidos políticos para lo que va a poner a consideración del pueblo mexicano el siguiente proceso electoral. Son sus riesgos, son sus voluntades, son sus decisiones, como lo es de igual manera la definición de sus estatutos y sus reglas de actuación internas, y que siempre, por este Consejo General e Instituto han sido extremadamente respetadas”.
El consejero Martín Faz abonó a esta preocupación, señalando que se puede crear una narrativa en la que se señale al INE como responsable de a quiénes se postulan o a quiénes bajen de la contienda.
“Esta incorporación del Instituto a un esquema de inteligencia financiera, criminal y de seguridad genera también otra preocupación, pues puede prestarse a que se genere una narrativa en la que la responsabilidad de que no se infiltre el crimen organizado en la política se traslada al INE a través de tal comisión, y que habría sido responsabilidad de este Instituto quien ha validado previamente una candidatura que luego se viese involucrada probadamente en esquemas de crimen organizado. Este riesgo es serio y me preocupa”.
También recalcó que la reforma fue muy ambigua y no está clara la operación a detalle de esta comisión, lo que además, al ser totalmente voluntario para los partidos políticos, también genera otro tipo de riesgos.
“Esto puede colocar al Instituto en una posición institucional particularmente delicada, participar en la transmisión de una evaluación que podría producir consecuencias políticas relevantes, pero sin conocerla, ni mucho menos conocer los elementos que la sustentan ni estar en condiciones de revisar su objetividad, porque esta Comisión va a ser transmisora fundamentalmente de una evaluación que realizan otro tipo de instituciones.
“Una advertencia de esta naturaleza, aun cuando formalmente no determine la elegibilidad ni la procedencia de un registro, puede incidir en la decisión de un partido político, afectar la reputación de una persona y limitar materialmente su posibilidad de ser postulado”.
Ante la información tan delicada y reservada que se manejará en la transmisión de requerimientos, a propuesta de la consejera Carla Humphrey, el proyecto se cambió para evitar que los partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo participen en esta comisión, para que la secrecía de los datos se maneje como, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización, lo que respaldó el resto del pleno.
Algunas consejerías también rechazaron que el proyecto se presentara incompleto dejando la determinación de quién ocuparía la secretaría de la comisión a futuro, lo que impediría su funcionamiento, pues este cargo es el responsable de convocar a sesión, por lo que sobre la mesa se hicieron propuestas y se determinó, por mayoría de votos, respaldar la propuesta de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, para que de entrada, los trabajos los coordine la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
Sólo con colaboración interinstitucional se frenará al crimen organizado de las elecciones
El consejero Arturo Chávez quien presidirá esta Comisión recalcó que el INE puede contribuir a frenar la intervención del crimen organizado en las campañas, a través de estrategias como ésta, con colaboración interinstitucional.
“La misión fundamental de esta Comisión consistirá en optimizar los flujos de información institucional y propiciar una gobernanza democrática basada en la corresponsabilidad con los partidos políticos. Solo mediante la cooperación interinstitucional estructurada será posible inhibir de manera preventiva que perfiles con factores de riesgo asociados a la delincuencia o a la corrupción accedan a los espacios de decisión.
“Es indispensable subrayar que las actuaciones de esta Comisión, de los partidos políticos y de las personas aspirantes se regirán estrictamente por solicitud de la parte interesada, garantizando el consentimiento previo, libre, informado, expreso e inequívoco de los sujetos involucrados”.
La consejera Norma Irene de la Cruz dejó claro que esta comisión no seleccionara candidaturas y que por lo tanto, la responsabilidad de quiénes llegan a las boletas sigue siendo exclusiva de los partidos.
“Ésta es una oportunidad para los partidos para revisar sus mecanismos de selección de candidaturas, cómo ellos van a tratar de evitar que haya intervenciones o que grupos indeseables o recursos ilícitos lleguen a sus campañas.
“Creo que esta es una oportunidad para los partidos políticos para demostrarle a la ciudadanía su compromiso, cómo van a elegir a sus candidatos, cómo van a hacer una selección para asegurarse que las candidaturas que le propongan a la ciudadanía no tengan estos vínculos, cómo van a asegurar que se cumplan a cabalidad todos los lineamientos de fiscalización y de la utilización de los recursos públicos, cómo ustedes partidos tienen tiempo de revisar, cómo van a garantizar que entre sus candidaturas no haya ninguna persona que esté en alguno de los supuestos del artículo 38 constitucional”.
Consejerías se lanzan indirectas por integración
La consejera Carla Humphrey exhibió que ella fue muy insistente en su interés por integrar esta comisión y a pesar de su perfil con mayor experiencia en los temas que se abordarán, no fue considerada.
“No puedo dejar de mencionar que en reiteradas ocasiones manifesté públicamente y con las consejerías que me interesa en formar parte de esta comisión, sin embargo, el proyecto que se propone a nuestra consideración no me considera en dicha integración. Y es algo que lamento, porque desde mi punto de vista, la definición de las consejerías que formen parte de esta comisión debía considerar también la experiencia profesional.
“Considero importante que las decisiones que asuma este Consejo General procuren el mayor de los consensos entre sus integrantes; también de la valoración de elementos objetivos que permitan a este órgano colegiado asumir determinaciones que procuren garantizar el cumplimiento efectivo de sus funciones y las de sus órgano. Considero que mi trayectoria profesional configuraban un perfil adecuado para integrar esta Comisión”.
La consejera Rita Bell López también señaló que ni siquiera se aceptó considerar a consejerías que pudieran ocupar vacancias como sucede en el resto de las comisiones.
Mientras que, la consejera Frida Gómez se lanzó contra sus pares con indirectas sobre quienes no declinaron a sus aspiraciones, y destacó únicamente su “reconocimiento” a Jorge Montaño y Blanca Cruz por haber retirado su interés.
“Los consensos no se construyen únicamente a partir de las coincidencias o disensos, también se construyen con generosidad institucional. El saber ceder por privilegiar el adecuado funcionamiento de la colegialidad y el beneficio del interés público constituye una auténtica expresión de responsabilidad democrática, porque al final la mayor fortaleza de los órganos colegiados radica en su capacidad para anteponer el interés institucional a cualquier aspiración individual”.
Arturo Castillo fue el único en votar en contra del acuerdo, pues consideró que viola el límite legal de que cada consejería puede ocupar como máximo cuatro comisiones permanentes, lo que sucede con las tres que formarán esta nueva comisión.
Uuc-kib Espadas replicó que él renunciará a una de sus comisiones en septiembre, cuando se rehaga la integración de todas las comisiones considerando esta nueva.
Oposición pide que comisión no sea usada para presiones políticas
Los partidos de oposición coincidieron en que comparten la preocupación por frenar la intervención del crimen organizado, pero advirtieron que esta comisión no puede caer en un uso indebido de persecuciones políticas.
El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, señaló que la integridad de las candidaturas “no puede quedar sujeta a interpretaciones discrecionales ni a decisiones que generen incertidumbre jurídica para quienes participan en la contienda electoral”, por lo que pidió que la función de esta comisión sea “estrictamente técnica y preventiva, nunca política, respetando en todo momento la presunción de inocencia, el debido proceso y las competencias de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales”.
“La verificación de integridad debe ser un instrumento para fortalecer la democracia, nunca un mecanismo que pueda prestarse a presiones políticas o a la restricción indebida de los derechos políticos electorales de la ciudadanía”,
Mientras que, Somos México adelantó su “reserva total de esta reforma, no porque cuestionemos la necesidad de impedir que la delincuencia organizada o intereses extranjeros interfieran en la vida democrática del país, sino porque nuestra preocupación radica en otra parte, cuando se otorgan facultades extraordinarias al Estado para valorar quién puede obtener un cargo de elección popular o incluso para revisar la validez de una elección en el otro supuesto de la propia norma por intervención extranjera, el mayor riesgo no es únicamente la arbitrariedad, el mayor riesgo es la aplicación selectiva de la justicia”.
En contraste, Morena confió en que los lineamientos de la comisión que todavía están pendientes, se apegarán a “criterios de legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza y seguridad jurídica, garantizando al mismo tiempo el respeto pleno de los derechos político-electorales de las personas involucradas”.
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