El INE pidió a la Fiscalía General de la República que rastree “beneficios indebidos” a proveedores en los últimos 10 años, que esclarezca a todas las personas que pudieron haber “participado, facilitado o encubierto” esta red de corrupción por la que se señala a Guadalupe Taddei, y que actúe de manera inmediata para impedir “la destrucción o alteración” de esos archivos.
Tal como MILENIO adelantó desde el pasado jueves, la mayoría de las consejerías pidieron enlistar seis posibles delitos que podrían actualizarse ante las “conductas delictivas” que se exhiben en diferentes videos entre Guadalupe Taddei, familiares, funcionarios electorales y el proveedor Alfredo Hernández Casillas.
La denuncia presentada la noche del viernes, a la que este medio tuvo acceso, y ante los señalamientos de que los beneficios a las empresas vinculadas con Hernández Casillas no surgieron con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE en abril de 2023, sino que vendrían desde la gestión de Lorenzo Córdova o, incluso, previamente; el INE amplió “como periodo general de referencia el correspondiente a los 10 años anteriores a la presentación de la denuncia, sin perjuicio de los antecedentes de ejercicios anteriores que resulten necesarios para contextualizar las operaciones en materia de investigación”.
Sin embargo, aunque amplió el periodo que originalmente sólo preveía la gestión de Taddei, sí recalca que “de manera particular, ameritan ser examinados por la autoridad ministerial” los procedimientos de contratación de las dos elecciones a cargo de Guadalupe Taddei como consejera presidenta: la adquisición de materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 2023-2024 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025; así como los servicios y bienes vinculados con la capacitación electoral, las contrataciones y operaciones relacionadas con la producción de la credencial para votar para el periodo 2026-2031, ante los videos que exhiben directamente a Taddei en negociaciones que la beneficiarían tanto a ella como a su familia.
“La relevancia penal de los hechos no deriva exclusivamente de la existencia de irregularidades en procedimientos de contratación o de observaciones formuladas por las instancias fiscalizadoras, sino de la posibilidad de que determinadas actuaciones hubieran sido realizadas deliberadamente para favorecer a particulares, obtener beneficios económicos indebidos, disponer irregularmente de recursos públicos o utilizar las atribuciones de las personas servidoras públicas para propósitos distintos a los legalmente autorizados”, indica el documento.
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Petición de resguardo inmediato y revisión de licitaciones clave
La denuncia de hechos “en contra de quien o quienes resulten responsables” pide que le reconozca al INE en calidad de ofendido, ante una posible afectación directa a su patrimonio.
Firmado por la apoderada legal del INE, Brenda Rocío Ramírez García, en 38 páginas detallan los videos que se han revelado en las últimas semanas en los que se exhiben aparentes actos de corrupción entre Guadalupe Taddei, funcionarios y proveedores, por lo que se pide turnarse a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que determine la posible existencia de conductas constitutivas de delito.
Sobre ese material, considera indispensable que la FGR obtenga la versión íntegra y original de las grabaciones; determine su fecha, lugar y circunstancias de obtención; realice los análisis periciales correspondientes para establecer su autenticidad e integridad; identifique a todas las personas que aparecen o intervienen en el material; analice el contenido completo de las conversaciones y las referencias económicas que en dichos videos se hacen, y contraste esas manifestaciones con los contratos, pagos y operaciones financieras relacionados desde el INE.
Por lo que pide que dentro y fuera del INE se determine la intervención de todas las personas que pudieron haber “realizado, participado, facilitado o encubierto” conductas constitutivas de algún delito. Y debido a que todos estos documentos están dentro del INE, en áreas operadas por cercanos a Taddei, las consejerías llaman a que sea la propia FGR la que ordene “de manera inmediata” “las medidas necesarias para impedir la pérdida, destrucción o alteración de los expedientes contractuales, comprobantes de pago, bitácoras o archivos físicos y electrónicos”.
Que emita cadenas de custodia para la recolección y resguardo de ese material e, incluso, “decrete el aseguramiento de bienes, documentos, objetivos y registros” que considere necesarios para la investigación.
Pide particular revisión en el contrato vigente de las credenciales de elector, pues en un video aparece Taddei con el proveedor haciendo cuentas sobre el supuesto reparto de ganancias, lo que lleva a que se deba esclarecer si “sí existieron acuerdos paralelos” a la legalidad del proceso y si “pudieron existir mecanismos de coordinación para aparentar condiciones de competencia, distribuir contratos o generar ventajas”.
Seis conductas delictivas y rastreo a través de la UIF
Ante toda la evidencia que se ha hecho pública en los últimos días, la querella sostiene que esta aparente red de corrupción podría haber incurrido en seis delitos.
Primero: uso ilícito de atribuciones y facultades, ante las posibles “actuaciones deliberadas” para favorecer a determinados proveedores. Segundo: ejercicio abusivo de funciones, por la hipótesis de “relaciones personales, económicas y comerciales” entre proveedores y quienes “podrían intervenir en decisiones institucionales”.
Tercero: tráfico de influencia, por relaciones personales o “acercamientos dirigidos” a generar ventajas a particulares. Cuarto: cohecho, por lo que se pide a la FGR determinar “si las cantidades referidas (en las grabaciones) constituían comisiones, promesas o beneficios vinculados con personas servidoras públicas que hubieran intervenido en la adjudicación”.
Cinco: peculado, por “alguna conducta de distracción o aplicación distinta” de los recursos públicos para alcanzar el objetivo de beneficiar a personas físicas o morales, servidoras públicas o particulares. Y sexto: enriquecimiento ilícito, si es que se acredita que alguna persona servidora pública obtuvo beneficios económicos relacionados con contrataciones. Por lo que se pide evaluar la evolución del patrimonio de los señalados, es decir, de Guadalupe Taddei e, incluso, de funcionarios que aparecen en los videos y a quienes se les pidió su renuncia.
Respecto a las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera y la incorporación de implicados en la Lista de Personas Bloqueadas, el INE pidió a la FGR que se esclarezca si los hallazgos de la UIF guardan relación con sus peticiones en esta denuncia de hechos.
El INE recalca que es necesario que se esclarezca la licitud absoluta de los contratos en curso, particularmente de la credencial de elector, pero “no para atribuir a proveedores distintos la adjudicación de la producción”, sino con el objetivo de esclarecer el procedimiento y tomar decisiones institucionales apegadas a la legalidad.
Esta denuncia fue acordada por la totalidad de las consejerías, como el primer paso formal para buscar sanciones ante las personas que resulten implicadas en esta presunta red de corrupción y tráfico de contratos, previo a que se reactiven los procesos de licitación que quedaron congelados tras la salida de Taddei.
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