El Consejo General aprobará este jueves un plan de acción para “restaurar la integridad” del INE y fortalecer los controles de contratación, que incluyen pedir a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria información sobre todos los proveedores; y en cada licitación, que las empresas presenten su estructura gerencial y de socios.
El documento del que MILENIO tiene una copia y que se presentará este jueves indica que también prevén contemplar auditorías externas para agilizar la detección de irregularidades y riesgos en los contratos en trámite y en los que ya están firmes para valorar rescindirlos, pero sin obstruir las investigaciones de las autoridades competentes; y pedir a la Auditoría Superior de la Federación una revisión excepcional a los primeros 10 meses de este año, con corte al primer día sin Guadalupe Taddei.
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La propuesta, lograda por consenso de las 10 consejerías en funciones, sostiene que el objetivo es garantizar integridad y transparencia en el INE, apoyar en las investigaciones, rastrear más irregularidades que hasta ahora no se hayan conocido, recibir denuncias anónimas, blindar los futuros contratos y, en los que ya están en curso, incluso rescindirlos.
El acuerdo que se informará a los partidos políticos que también forman parte del Consejo General este jueves recalca que, tras los señalamientos de presunta corrupción en que quedó envuelta la institución, se toman estas medidas, pues “por su trascendencia e impacto en la confianza pública, exige una respuesta oportuna y responsable de los órganos de dirección del Instituto”.
Las medidas incluyen “solicitar a la UIF que informe si ha detectado algún tema derivado de empresas de proveeduría de este instituto” y “realizar verificaciones ante el SAT en relación con la situación de los diversos proveedores del instituto”.
Ante el supuesto ocultamiento de información de directivos, personal de áreas y trabajadores de otros niveles, impuestos por Guadalupe Taddei, que resultaron estar directamente involucrados con las empresas favoritas de la sonorense, el INE además prevé mecanismos para blindarse de estos conflictos de interés.
Para tener mejores condiciones y máxima publicidad y vigilancia en todas las contrataciones del proceso electoral federal 2027, plantean que “en todos los casos de contrataciones, las personas físicas y morales que sean proveedores entreguen su estructura gerencial y administrativa, socios y accionistas”.
El proyecto incluso propone elevar estos mecanismos y firmar contratos con dependencias del gobierno federal para usar otros mecanismos de vigilancia a las contrataciones.
“Instruir a la Dirección Ejecutiva de Administración formule el Plan de Acción Crítico que incluya un análisis de la normativa interna que rige los procesos de contratación de este instituto, encaminado en contemplar la viabilidad de, en su caso, contratar proveedores internacionales para la celebración de contratos, así como analizar la idoneidad de celebrar un convenio con la secretaría de Economía para que este instituto pueda acceder o implementar en sus contrataciones el Sistema Integral de Gestión Registral, programa que dicha secretaría utiliza para digitalizar, administrar y dar publicidad a los actos mercantiles y jurídicos de las sociedades y los comerciantes”.
Como ya lo había mencionado la consejera presidenta Blanca Cruz, el INE ordenará el resguardo de la documentación relacionada con los procedimientos de adquisiciones, contratación de arrendamientos y servicios, y obra pública, y adicionalmente, buscarán auditorías externas de todos los contratos vigentes, para agilizar el rastreo sin obstaculizar ni usurpar las indagatorias de las autoridades como la Auditoría Superior de la Federación o el Órgano Interno de Control.
Y pedir directamente a la ASF “una revisión excepcional de gestión financiera” al año en curso, para no esperar a que concluya el año fiscal, especificando que la revisión se dé desde el 1 de enero de 2026 hasta el último día de Guadalupe Taddei en el INE, el 25 de octubre pasado.
Incluso, contemplan rescindir instrumentos contractuales, previa acreditación de los supuestos legales y la presentación de denuncias correspondientes, en los casos en los que los hechos o hallazgos desprendan la procedencia de dicha presentación.
Para atender al personal interno, adicional al programa que se aprobó hace una semana para revisar casos de hostigamiento laboral y denuncias por despidos injustificados o presiones internas por parte de directivos impuestos por Taddei, las consejerías acordaron reforzarlo con un micrositio de denuncias en línea, tanto ciudadanas como de personal, que se tratarán de forma anónima.
“Instruir a la Unidad Técnica de Servicios de Informática para que desarrolle e implemente un mecanismo institucional de recepción de información y hallazgos, mediante el cual, el personal del instituto pueda comunicar elementos que, por su naturaleza, pudieran resultar relevantes para su análisis y, en su caso, ser puestos a disposición de las instancias fiscalizadoras e investigadoras competentes, con las debidas garantías de confidencialidad, protección de datos y no represalia”.
El proyecto de 31 páginas se debatirá este jueves en sesión pública del Consejo General y entrará en vigor de manera inmediata para que todas las direcciones asuman las instrucciones, a pesar de que la mayoría de éstas, siguen encabezadas por las personas que Taddei colocó de manera directa y que obedecían exclusivamente a sus órdenes.
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