El INE acordó implementar siete criterios en las contrataciones de los materiales y servicios para la elección del 2027, para evitar el favoritismo o irregularidades en las asignaciones, garantizando que las adjudicaciones directas se realizarán solo en casos de excepción y cuando se demuestre que es la única alternativa para no afectar el proceso.
Como parte del plan de integridad para evitar el favoritismo que heredó Guadalupe Taddei de la mano de su proveedor Alfredo Hernández Casillas, el INE concretó el plan para contrataciones que se congelaron desde la salida de la exconsejera y que están bajo revisión.
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Este plan incluye siete criterios que se deberán seguir en cada contrato de adquisición de bienes y servicios para la elección, priorizando las licitaciones y reforzando la transparencia en cada etapa.
“Frente a las preocupaciones sobre el uso de los recursos públicos, el INE reitera su compromiso para establecer mayores controles en cada contratación, sin que ello frene las tareas institucionales que exigen el cumplimiento de tiempos precisos para dar desarrollo a las actividades que garanticen la organización de las elecciones”.
Los criterios van desde que la licitación pública sea la regla de todos los procesos, hasta probar que éste se apegó a la legalidad con competencias en igualdad de circunstancias, transparencia que demuestre que se optó por la empresa que ofrecía mejores condiciones.
Además, instalarán un Grupo de Trabajo Técnico para el Fortalecimiento Normativo y de Controles Institucionales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 2026-2029, sin que se precisara quiénes lo integrarían o si serían especialistas externos, pero detallaron que será el encargado de colaborar con las autoridades para revisar cualquier proceso.
Los siete criterios son:
- Legalidad e integridad. Cada procedimiento se apegará estrictamente a la normativa y estará libre de conflictos de interés.
- Necesidad justificada. Sólo se adquirirá lo que responda a una necesidad acreditada, con prioridad para lo indispensable.
- Racionalidad y eficiencia. Se buscarán las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, sin gastos innecesarios.
- Transparencia y máxima publicidad. Se ampliará la información pública sobre el objetivo, el procedimiento y el resultado de cada contratación.
- Licitación pública como regla. Será el procedimiento prioritario en todas las áreas; la adjudicación directa deberá justificarse.
- Competencia en igualdad de condiciones. Los proveedores participarán con las mismas reglas, sin ventajas indebidas.
- Supervisión y rendición de cuentas. Cada decisión quedará documentada, con responsables identificados y seguimiento al cumplimiento de los contratos.
El INE agregó que estos criterios corresponderán a todo el personal que participe en dichos procesos, con la vigilancia del Consejo General como parte del acuerdo aprobado el pasado 5 de noviembre para fortalecer “la integridad institucional, prevenir irregularidades y consolidar la transparencia y la rendición de cuentas.
“Esta responsabilidad alcanza a cada persona servidora pública que interviene en una contratación, desde que se identifica la necesidad hasta que se recibe el bien o servicio. Además de que se deberá informar oportunamente cualquier posible conflicto de interés, rechazar beneficios indebidos, tratar con imparcialidad a los proveedores y sustentar sus decisiones en criterios verificables, conforme al Código de Ética y al Código de Conducta del Instituto”.
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