El Consejo General modificó los lineamientos de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas que aprobó apenas hace un par de semanas, tras mesas de diálogo con las autoridades responsables de rastrear nexos criminales, en donde se sugirió afinar competencias y reforzar el deslinde del INE en los criterios, metodología y veracidad de los riesgos que se detecten.
“La propuesta de modificación a los lineamientos deriva del diálogo, intercambio de ideas y un exhaustivo trabajo de coordinación con las diversas autoridades de seguridad, investigación, inteligencia financiera e instituciones bancarias para garantizar la correcta operación de las labores de verificación de integridad de los perfiles que decidan voluntariamente someterse a este proceso de verificación”.
INE debe trabajar con otras instancias
Recordó que la ley obliga al INE a coordinarse con áreas como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Fiscalía General de la República, al tratarse de una comisión de nueva creación, para trabajar de manera conjunta y afinar las responsabilidades, plazos y criterios a seguir.
“Sobre todo, por la función que nos convoca, que es garantizar a la ciudadanía que lleguen a las boletas opciones políticas que se traduzcan en personas sin vínculos con la delincuencia organizada ni trayectorias vinculadas a ningún tipo de delito”.
El consejero explicó que se hicieron tres ajustes principales, por un lado, se planteó la inquietud que manifestaron en la sesión previa los partidos políticos, respecto a que era incorrecto imponer una sola solicitud por cargo, pues si un partido tiene varias opciones y busca analizarlas a todas, no se le puede limitar. Por lo que se aprobó que por cada cargo, puedan someter a revisión diferentes perfiles
Segundo, se derogó un artículo que señalaba que la comisión actuaba como instancia de recepción, registro, resguardo y notificación, para evitar interpretaciones erróneas sobre las competencias de revisión, y se reforzó la competencia de cada autoridad.
“La Comisión no es responsable de la información contenida en las comunicaciones remitidas por las instancias competentes. En ese sentido, la veracidad, metodología y valoración del riesgo corresponden a la instancia que emite el mismo, sin perjuicio de la responsabilidad del Instituto por la recepción, seguridad, integridad, resguardo y entrega de las comunicaciones bajo su competencia”, indican los lineamientos.
Y tercero, se realizaron precisiones técnicas para evitar referencias que puedan interpretarse como una injerencia en la organización o funcionamiento interno de las autoridades involucradas por parte del INE, para reforzar el deslinde del instituto en la revisión y resultados
“La metodología, los criterios para la evaluación de riesgo y la determinación de su existencia corresponden exclusivamente a las instancias competentes”, indica el nuevo documento.
El consejero Chávez fue enfático en que la colaboración entre el INE y las autoridades encargadas de la revisión de los perfiles que cada partido solicite investigar, es indispensable y aprovechó para hacer un llamado a los partidos políticos para que no dejen de participar en este proceso, que ayudará a frenar a los partidos políticos.
Mientras que la consejera Norma Irene de la Cruz, otra de las integrantes de esta Comisión de Verificación recalcó que estos lineamientos pueden volver a modificarse conforme avance el plan de trabajo, pues al ser un proceso inédito, siempre podrá mejorarse.
“La puesta en marcha de este mecanismo novedoso exige aprendizaje institucional, evaluación constante y disposición para corregir con oportunidad aquello que a partir de la experiencia y la coordinación interinstitucional pueda mejorarse.
“Los procedimientos que hoy establecemos no deben entenderse como inamovibles, por el contrario, deben contar con la flexibilidad necesaria para perfeccionarse siempre dentro de los límites que establece la ley. No se trata únicamente de establecer reglas para su operación, sino de construir los canales institucionales que permitan que cada autoridad actúe dentro del ámbito de sus competencias”.
IOGE