El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales decidió, por mayoría de votos, negar informes sobre los gastos que ha realizado la residencia oficial de Los Pinos de 2013 a 2016.
Al analizar un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano inconforme con la respuesta inicial que dio la Presidencia, que argumentó “que no existe porque Los Pinos no es una instancia que ejerza gasto”, cinco de siete comisionados del instituto decidieron respaldar dicha contestación, sobreseer el caso y no ordenó hacer una nueva búsqueda.
Los comisionados Areli Cano y Óscar Guerra Ford votaron contra el proyecto propuesto por Rosendoevgueni Monterrey Chepov, pero los otros cuatro lo respaldaron.
Guerra Ford explicó que no estaba de acuerdo con la propuesta porque el criterio de búsqueda utilizado por la Dirección General de Finanzas y Presupuesto de la Presidencia de la República era restrictivo, ya que consideraban a la residencia como una oficina que no tiene presupuesto propio, pero dijo que eso no significa que no genere gastos.
“EXPLICACIÓN POCO CLARA”
Además, se inconformó porque la explicación que dieron el Estado Mayor Presidencial y Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales no son suficientes ni claras, pues no especificaron cuál fue el criterio de búsqueda que utilizaron, ya que solo se limitaron a notificar que no se localizó la información.
Guerra Ford puso ejemplos de solicitudes anteriores en las que la Presidencia sí respondió sobre gastos generados en Los Pinos, como el de papel de baño, comidas o materiales de construcción.
“Una cosa es la inexistencia, es decir algo que no existe, y otra la imposibilidad o no de que en la búsqueda solo se busque por el criterio de ejecutor del gasto”, añadió el comisionado.
Areli Cano, por su parte, agregó que se debería ordenar una explicación más exhaustiva “para ver si existen documentos fuentes, como facturas u otro documento que acredite el pago de algún concepto, y que no necesariamente tenga que ser el clasificador por objeto del gasto”.
El comisionado Monterrey defendió su postura y afirmó que “el hecho de que la totalidad de las unidades administrativas competentes hayan llevado a cabo la búsqueda de la información requerida y que ésta haya sido efectuada con el criterio correcto y congruente para la localización de la misma, me permite llegar a la conclusión de que se garantizó el derecho de acceso del particular, en los términos que lo dispone la ley de la materia, en relación directa con lo solicitado, que fue un reporte de gastos”.
LA SFP HABILITA UNA APLICACIÓN MÓVIL CONTRA LA CORRUPCIÓN
La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció el lanzamiento de Denuncia la Corrupción, una aplicación móvil para presentar, de manera ágil y segura, quejas contra servidores públicos federales.
La aplicación funcionará a cualquier hora de los 365 días del año. “Es una herramienta para vigilar efectivamente la gestión del gobierno federal, así como para prevenir actos violatorios de la ley”, expuso.
En un boletín, aseguró que este instrumento contribuye a crear más confianza de la sociedad en las instituciones.
Además, esto complementa y fortalece el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas que opera desde abril de 2016, ya que acerca a la ciudadanía a denunciar, por medio de teléfono celular o tablet, cualquier inconformidad contra las y los servidores públicos que incurran en prácticas indebidas o ilícitas.
Además, fomenta la rendición de cuentas y promueve la cultura de la legalidad. “Se puede adjuntar fotos, videos o audios de faltas o actos que se denuncien”, detalló.
La app está disponible en dispositivos con Android y en tiendas App Store de Apple y Windows Phone.
