La candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el decreto que autoriza al gobierno del Estado de México repartir 67 programas sociales durante el proceso electoral en curso.
"Esta decisión, tomada por una parte del Congreso del estado, vulnera mi derecho político-electoral de ser votada en condiciones de equidad, porque se presta a la abusiva distribución de dádivas", afirmó la profesora.
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El pasado 30 de marzo, la Cámara de Diputados del Estado de México aprobó una lista de apoyos que seguirán vigentes, con los votos en contra de diversos partidos políticos, entre ellos los de Morena.
Gómez Álvarez interpuso el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano (SUP-JDC), donde plantea que si la administración de Eruviel Ávila entrega de manera indiscriminada estos programas sociales, se pueden trastocar los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad que deben regir la contienda del 4 de junio.
El Código Electoral de la entidad establece que la entrega de incentivos debe cesar 30 días antes de la jornada electoral, salvo unas pocas excepciones que puede determinar el Congreso local o en casos de extrema urgencia debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza.
La profesora señaló, en su recurso, que los legisladores del PRI y sus aliados permitieron su distribución sin motivar dicha determinación.
"No existe un solo párrafo o palabra que argumente sobre por qué razón se enlistaron los programas sociales del artículo segundo del decreto 197", explicó en el escrito presentado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.
"Esta decisión genera un daño mayor, considerando que tiene como antecedente la utilización excesiva, desproporcionada y tendenciosa de los programas sociales en la entidad desde hace aproximadamente 60 días", explicó la maestra.
También, especificó, 23 de estos 67 programas relacionados con desarrollo agropecuario, ciencia y tecnología y del registro civil, pudieron haberse suspendido durante esta etapa, para evitar hacer uso electorero de los mismos.
Gómez Álvarez pidió la intervención de los magistrados del Tribunal para que ayuden a frenar esta ilegal distribución, porque puede traducirse en un intento más de comprar y coaccionar el voto de los mexiquenses.
MCLV
