El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Adame, calificó de impecable la actuación de la diputada presidenta Laura Rojas al presentar una controversia constitucional contra el acuerdo del Ejecutivo para militarizar la seguridad pública y llamó por ello a los legisladores del bloque lopezobradorista a respaldar dicho recurso.
Sostuvo que el acuerdo presidencial vulnera “de manera masiva” el régimen de división de poderes y de reserva de ley".
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El legislador panista consideró extraño que diputados que durante años fueron oposición y alzaron la voz contra la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, hoy se disciplinan a la directriz del Poder Ejecutivo, aun contra su mandato de ser contrapeso y fiscalizadores del mismo.
“Yo más bien los invitaría a respetar su dignidad de representantes populares y a cumplir su obligación de trabajar a favor de los derechos humanos apoyando la controversia constitucional impulsada por la diputada Laura Rojas”, puntualizó.
Adame afirmó que su correligionaria panista y presidenta de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro solo ha cumplido su obligación de proteger, promover y hacer efectivos la división de poderes y los derechos humanos reconocidos por la Constitución.
Indicó que la controversia constitucional suscrita por Rojas está prevista en la ley reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Política y en el numeral 2 del artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
“Ahí claramente se señala que el presidente de este órgano podrá por sí mismo, en uso de la representación originaria que ostenta de la Cámara, como lo dispone el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aún en los períodos de receso”, precisó.
Por ello, insistió, la actuación de la diputada presidenta ha sido impecable, tanto en términos de forma como de fondo, toda vez que la demanda busca la defensa del régimen republicano y la división de poderes, principios consagrados en la Carta Magna.
“De lo que se trata no es de malograr la facultad de disposición de las fuerzas armadas contenida en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de Guardia Nacional, sino de que precisamente esa atribución se realice conforme al orden constitucional y convencional”, remarcó.
AE
