Política

Golpe económico a los delitos en Hidalgo da certeza a inversionistas: IP

Un establecimiento gasta alrededor de dos mil a cinco mil pesos en un sistema de alarmas con la finalidad de prevenir delitos

En Hidalgo existen condiciones de seguridad para la apertura y funcionamiento de empresas, señalaron líderes de cámaras, luego que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) documentó la disminución de mil millones de pesos del costo por la inseguridad y la reducción de pérdidas económicas directas a consecuencia de los delitos.

Entrevistados por separado los dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope Servytur) Pachuca, Carlos Gamiño Ríos; así como de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), Miguel Ángel Jiménez Alvarado, coincidieron en señalar que en el empresariado persiste una percepción de confianza para desarrollar sus proyectos en la entidad.

Botones de pánico

Gamiño Ríos destacó que en el comercio tradicional prevalece una percepción de seguridad, derivado de una respuesta inmediata de las autoridades estatales y municipales ante cualquier delito.

La cámara aglutina a 6 mil 128 establecimientos, en 78 de los 84 municipios de Hidalgo, los cuales varían desde comercio tradicional e industrial, servicios y turismo en toda su amplitud.

“Tenemos un canal directo de comunicación con Seguridad Pública de Hidalgo y todos los socios de la cámara han recibido atención en esta materia de forma inmediata”, señaló.

Estimó que un establecimiento gasta alrededor de dos mil a cinco mil pesos para adquirir un sistema de alarmas con la finalidad de prevenir delitos y disminuir la vulnerabilidad ante extorsión y vandalismo, al dejar registro del hurto.

Los establecimientos gastan en cámaras inteligentes, cerraduras electrónicas o botones de pánico, e incluso se ven en la necesidad de invertir un poco más en equipos de celular, ya que desde ese dispositivo revisan los sistemas de seguridad con tal de evitar robos y extorsiones, además de dar seguimiento a la operación del establecimiento.

Comerciantes han creado grupos de WhatsApp para que los locatarios permanezcan alertas. “Ven a alguien sospechoso, al querer sorprender a los encargados de los locales con algún billete falso, por lo que inmediatamente dan la alerta”.

Destacó la instalación de botones de pánico por parte de las presidencias municipales, conectados a líneas de teléfono. La Canacope no ha tenido reporte entre sus agremiados de extorsiones, cobros de piso o asaltos, solo la incidencia de robo hormiga, en una tendencia de cuatro mensuales.

Buena percepción de seguridad

En tanto, el dirigente de Canadevi expuso que no han registrado asaltos en obras que llevan a cabo los desarrolladores de vivienda en las diferentes regiones, por lo que la seguridad que predomina en la entidad incentiva la inversión.

“Seguimos invirtiendo en el Estado porque hay una muy buena percepción de seguridad. No tenemos la problemática de otras entidades”, destacó el presidente de la cámara que tiene presencia en Tizayuca, Villa de Tezontepec, Zapotlán, Zempoala, Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo y Atotonilco de Tula con 25 empresas desarrolladoras de vivienda.

Para garantizar la seguridad, los desarrollos de vivienda cuentan con un circuito cerrado de cámaras que pueden conectar al C5i, además de casetas y personal de vigilancia.

En un desarrollo de 500 viviendas la inversión en cámaras de seguridad debe ser de hasta 150 mil pesos para la unidad habitacional.

Destacó la reunión de autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad en el Arco Norte, donde identificaron focos rojos con robo a transportistas, lo cual, agregó, han logrado disminuir.

Coparmex

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) impulsa pláticas informativas de prevención de lavado de dinero para empresas multisectoriales.


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Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
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