El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) cerró la puerta a que gobiernos, partidos y personas servidoras públicas utilicen programas sociales, propaganda oficial, recursos públicos o espacios institucionales para inclinar la opinión ciudadana en los procesos de revocación de mandato contra diputaciones, alcaldías y concejalías.
Las reglas aprobadas por el Consejo General buscan que estos ejercicios se desarrollen sin intervención gubernamental indebida, una vez que los cargos electos en el proceso local 2023-2024 ya alcanzaron la mitad del periodo para el que fueron votados.
Con los nuevos lineamientos, solo el IECM podrá difundir información institucional sobre la revocación de mandato y promover la participación ciudadana, sin orientar el sentido del voto ni favorecer a quienes buscan mantener o retirar del cargo a una persona electa.
La restricción incluye los tiempos oficiales, las páginas institucionales, las redes sociales de gobierno y cualquier contratación de espacios en radio o televisión dirigida a influir en la ciudadanía.
Durante el periodo de revocación también quedará suspendida la propaganda gubernamental vinculada con la gestión de la persona sometida al procedimiento, salvo mensajes relacionados con educación, salud o protección civil.
La persona sometida al procedimiento y quienes solicitaron la revocación sí podrán fijar postura desde la convocatoria y hasta tres días antes de la jornada, pero tendrán prohibido convertir esa participación en actos de campaña o financiarla con recursos públicos.
El Consejo General del #IECM emitió Lineamientos para garantizar el principio de imparcialidad durante procesos de revocación de mandato de diputaciones, alcaldías y concejalías electas en 2024.https://t.co/yKvnGT5v3P pic.twitter.com/QV5Mw6nHrp
— IECM (@iecm) May 18, 2026
El candado también alcanza a autoridades federales, locales, alcaldías, partidos y organismos del sector público, que deberán mantenerse al margen de la promoción del proceso y evitar pronunciamientos a favor o en contra del ejercicio.
En el caso de las alcaldías, la suspensión tendrá que aplicarse incluso fuera de su demarcación, para impedir que la difusión de obras, programas o acciones públicas funcione como promoción indirecta.
Los lineamientos también prohíben condicionar apoyos, entregar beneficios o usar programas sociales como mecanismo de presión sobre la ciudadanía durante el proceso. Las posibles violaciones serán investigadas mediante el procedimiento especial sancionador previsto en la normativa electoral.
La revocación de mandato permite que la ciudadanía decida si una persona electa debe terminar anticipadamente su cargo.
En la capital, las alcaldías y concejalías cumplieron la mitad de su periodo el 1 de abril de 2026, mientras que las diputaciones locales lo hicieron el 1 de marzo.
DCP
