La Fiscalía Anticorrupción del estado de Puebla tendrá que deslindar responsabilidades en la denuncia que existe contra Bernardo Fernández Tanus, quien se desempeñó como jefe de Oficina del Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, durante el gobierno interino que encabezó Guillermo Pacheco Pulido, ya que no son comprobables los presuntos delitos de robo, ejercicio indebido y/o incumplimiento del deber que se le imputan.
De acuerdo con Rodrigo Leal Salvatori, quien participó en la diligencia, esta acusación tiene diversas inconsistencias pues el procedimiento se hizo con apego a la ley, como consta en el documento firmado por Ernesto Ordaz Moreno, entonces secretario particular del Ejecutivo, quien corroboró que cada uno de los bienes y artículos devueltos al concluir la administración 2017-2018 fueron adquiridos por particulares y no con recursos públicos del estado.
Comentó que el acta notarial de la diligencia enfatiza que los objetos devueltos nunca formaron parte de los inventarios inicial y final de la gestión de José Antonio Gali, es decir, su adquisición se realizó externamente y existen los documentos que acreditan la transparencia de dicha acción.
Señaló que la denuncia, que también involucra al notario público René Meza, carece de elementos probatorios pues incluso la administración de Casa Puebla acreditó que los bienes muebles no pertenecían al patrimonio público.
Por ello, aseguró que la Fiscalía General del Estado tiene el deber de aclarar que estas acciones no representaron un saqueo y dar a conocer a la opinión pública el estatus de la referida denuncia.
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