A dos años de que el actual gobierno federal y organizaciones de la sociedad civil se comprometieron a diseñar de manera conjunta una política pública para regular el espionaje en México, no han comenzado a ejecutarse ninguna de las cuatro acciones y 13 actividades propuestas para lograrlo.
Estas acciones buscan, principalmente, dar transparencia a la adquisición, instalación y utilización de las herramientas de espionaje, y que las personas que hayan sido espiadas puedan tener, posteriormente, acceso a su expediente.
Se trata de la ruta definida en el compromiso siete del Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), denominado Controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas, que está conformado de cuatro acciones clave y 13 actividades concretas a realizar entre el 10 de diciembre de 2019 y el 30 de abril de 2022.
“No se está buscando desde el núcleo de organizaciones de la sociedad civil -y eso es algo que es importante precisar-, que no se compren ese tipo de herramientas, sobre todo, en un contexto de crimen como el que vive México, sino que haya garantía de que no se abuse de la ciudadanía, a la sociedad civil y al periodismo con ese tipo de tecnologías”, aseguró, en entrevista con MILENIO, Juan Manuel Casanueva, director de la organización SocialTIC, que encabeza al grupo de organizaciones ciudadanas que, con el gobierno federal, trabajaban en el diseño de estas políticas públicas.
Sin embargo, de acuerdo con el tablero de avances del Cuarto Plan de Acción, ninguna de esas acciones ha comenzado a realizarse e incluso algunas ya rebasaron el tiempo programado para su cumplimiento.
Por ello, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que instruya a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y demás dependencias de gobierno para que cumplan con el compromiso.
“México tiene la oportunidad de establecer una normativa pionera a nivel mundial que establezca controles democráticos para la adquisición y uso de tecnologías de vigilancia; la única forma de atenderlo no es con declaraciones, por más que estén bien intencionadas, sino con una normativa clara y precisa que establezca esos controles y esa es la oportunidad que se tiene aún de hacer si es que hay voluntad política para ello”, agregó Casanueva.
Cuatro acciones para regular el espionaje
La primera acción clave es la creación de un grupo de especialistas que analicen y propongan políticas públicas para regular el uso de las tecnologías de intervención de comunicaciones privadas, el acceso a datos conservados y la geolocalización de personas por parte del Estado.
Las cuatro actividades incluidas en esta acción clave debieron haber iniciado en diciembre de 2019 y deberían de concluir el 31 de agosto de 2021, pero en el tablero de seguimiento oficial, ninguna ha comenzado. El funcionario responsable del seguimiento de esta acción es Gregorio González Nava, director General de Transparencia y Gobierno Abierto de la Secretaría de la Función Pública.
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La segunda acción clave es la modificación de las reglas y procesos operativos para dar transparencia de la adquisición de este tipo de tecnologías, que consta de tres actividades específicas que debieron iniciar el 14 de agosto de 2020 y concluir el 31 de marzo de 2021.
No obstante, a la fecha, ninguna de las actividades ha comenzado y ni siquiera se ha designado al funcionario público responsable de su seguimiento, que debe ser nombrado como resultado de la primera acción.
La tercera acción clave del compromiso consiste en modificar las reglas internas de las dependencias que utilizarán estas tecnologías para regular su instalación y uso, que consta de tres actividades específicas que debieron haber iniciado el 1 de abril de 2021 para concluir el 30 de noviembre de 2021.
De la misma manera, ninguna de esas acciones reporta avance alguno y el funcionario responsable del seguimiento tampoco ha sido nombrado.
Finalmente, la cuarta acción clave del compromiso es realizar los cambios necesarios en la normatividad para dar garantía a las personas que hayan sido espiadas de que podrán tener acceso al expediente que recopile todas las acciones de intervención de comunicaciones privadas y geolocalización de las que fueron sujetos.
Esta acción está programada para dar inicio el 1 de diciembre de 2021 y concluir el 30 de abril de 2022. Las organizaciones corresponsables para el seguimiento de estas acciones son SocialTIC, Artículo 19 y la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
LP
