El gobernador de Hidalgo envió al Congreso local la iniciativa que crea la ley del notariado en la entidad, la cual fue turnada a la comisión permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis previo a su aprobación en el pleno del Poder Legislativo.
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Dicho ordenamiento establece la potestad del Poder Ejecutivo de evaluar al notariado, así como analizar en qué municipios se crean notarías o cómo se reubican, además de fijar el número de habitantes por cada notario.
Se considera delito ostentarse o inducir a la creencia de que es persona notario para ejercer o simular dichas funciones. Así como tener oficina notarial o lugar donde se realicen actividades o meramente de asesoría o de firmas para instrumentos.
Y también a quien fuera de su ámbito legal de competencia produzca instrumentos públicos en los que consten actos jurídicos que para su validez requieran otorgarse en escritura pública o hagan constar hechos.
A su vez, el ordenamiento incorpora exámenes de oposición y crea la carrera notarial para los aspirantes, informó el presidente del Colegio de Notarios de Hidalgo, Pedro Luis Noble Monterrubio, quien calificó la ley como novedosa.
“Quien pretenda ser notario público titular antes deberá tener la calidad de aspirante, que es una constancia expedida por el Ejecutivo estatal, con lo cual ya puede presentar un examen de oposición con un jurado y 20 temas que el Colegio propondría a desarrollar en las pruebas teóricas y prácticas”, dijo Noble Monterrubio.
Agregó que el instituto de formación y de profesionalización del notariado hidalguense permitiría mayor excelencia en la preparación y calidad de estudios.
Sobre el límite de edad de 80 años, dijo que será para los futuros notarios, ya que el ordenamiento no se aplica de manera retroactiva. Tendrán la oportunidad de retirarse con el cargo de emérito con la finalidad de que formen parte de universidades y consultorías.
Agregó que el colegio se encuentra dispuesto a brindar cualquier explicación a los legisladores, como parte del proceso de dictamen de la iniciativa, la cual fue confeccionada durante casi tres años de trabajo en más de 50 sesiones con funcionarios del gobierno y notarios de otras entidades del país.
“Lo importante es que el servicio notarial será continuo, no hay forma de que después de que se publique la ley se suspenda o quede sin atender la ciudadanía”, declaró.
Como antecedente, suman dos notarios bajo proceso en los últimos dos años con el caso de la notaria de Ixmiquilpan vinculada por falsificación de documentos.
El año pasado, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) judicializó una carpeta contra un exnotario de Tizayuca acusado de fraude procesal en agravio de la administración pública.
