La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que defenderá ante tribunales la inhabilitación y multa impuestas a la empresa Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, resoluciones suspendidas provisionalmente por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
En un comunicado, la Función Pública advirtió que será a través del Órgano Interno de Control (OIC) en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como defenderá ante el TFJA la inhabilitación por dos años y la multa de casi un millón de pesos impuesta a la editora de la revista Nexos por presuntamente haber presentado información falsa en una adjudicación directa en 2018.
“Respecto a la notificación publicada hoy por la Sala Décimo Tercera del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Función Pública precisa que la suspensión provisional, concedida a la empresa mientras se resuelve definitivamente el juicio de nulidad, es sólo una medida cautelar que no determina la legalidad de la resolución”, aclaró.
Dentro de las acciones de defensa, el OIC en el IMSS expondrá la necesidad de cumplir con la jurisprudencia que establece negarse a la suspensión a la inhabilitación temporal para participar en procedimientos de licitación o para celebrar contratos públicos, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, añadió la dependencia.
Recordó que en agosto pasado, el OIC en el IMSS resolvió sancionar a la empresa Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura con inhabilitación por 2 años y multa por 999 mil 440 pesos, al acreditarse que presentó información falsa para obtener un contrato público, lo que violentó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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— SFP México ???????? (@SFP_mx) November 4, 2020
Función Pública defenderá la legalidad de la resolución contra la empresa Nexos
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La Función Pública informó que desde septiembre de 2019, ha recibido y atendido más de 27 mil denuncias por posibles actos de corrupción, y en las últimas semanas aplicó multas por más de 21 millones de pesos a proveedores que incurrieron en falsear información, en incumplimientos y en defraudaciones.
“La Función Pública reitera que en todos los casos, en estricto apego a sus obligaciones y atribuciones, actúa de forma imparcial y objetiva con la consigna de nada ni nadie por encima de la ley”, advirtió.
jlmr
