A días de concluir su gestión al frente de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tovar dejará el cargo tras ocho años en los que la dependencia llevó a proceso a ocho presidentes municipales y una regidora, además de otros servidores públicos de alto nivel.
Entregará una institución que abrió 7 mil 981 carpetas de investigación, judicializó 562 y logró 415 personas vinculadas a proceso, pero también con expedientes relevantes que no avanzaron a etapa judicial, entre ellos el caso de la ex conductora de televisión Eli Castro por presunto peculado como funcionaria del SIAPA.
Falta que la conductora se presente
El fiscal anticorrupción confirmó que la investigación inicial contra Castro se encuentra concluida y que existen condiciones para judicializar el expediente, aunque el avance se detuvo debido a que la señalada no acudió a la cita programada para la diligencia correspondiente. El asunto, por tanto, será heredado a la siguiente administración pese al volumen de casos que sí llegaron a tribunales durante su gestión.
Durante su periodo al frente de la Fiscalía, también fueron investigados cinco ex secretarios, un jefe de gabinete, magistrados, jueces, directores de organismos públicos descentralizados y un líder sindical, así como particulares y empresas vinculadas con hechos de corrupción en la administración pública.
Ocho compañías fueron llevadas a proceso y una recibió sentencia con inhabilitación para participar en adjudicaciones públicas. De la Cruz Tovar entregará formalmente el cargo el 14 de febrero tras encabezar una Fiscalía que, asegura, comenzó sin oficinas, sin personal suficiente y sin presupuesto operativo.
¿Cómo fue su elección y el arranque de su mandato?
Recuerda que su nombramiento surgió en un contexto de presión social impulsado por universidades, organizaciones civiles y sectores empresariales que buscaban un perfil independiente. Sostiene que no fue candidato oficial de ningún grupo político y que su designación ocurrió después de que una primera terna fuera desechada.
Al inicio, relata, su plan contemplaba 15 agentes del Ministerio Público, pero arrancó con uno sólo. Durante los primeros meses trabajaron sin sede fija y sin equipo propio. Con el tiempo la estructura se consolidó de manera gradual. En su primer año el presupuesto ejercido fue de ocho millones de pesos y dependía de la Secretaría General de Gobierno.
Posteriormente la Fiscalía abrió sedes regionales en Puerto Vallarta, Zapotlán El Grande y Tepatitlán, además de implementar la Caravana Anticorrupción, un programa itinerante que llevó atención ministerial a distintos municipios. En cifras, asegura que el crecimiento fue sostenido. En 2021 se recibieron 743 denuncias y en 2025 la cifra alcanzó mil 286. Del total de carpetas abiertas durante su administración, alrededor del 75 por ciento se encuentran concluidas bajo distintos criterios.
Objetivo principal que ciudadanos no batallen con las denuncias
Señala que una instrucción central fue recibir todas las denuncias aunque correspondieran a otras instancias, con el fin de evitar que las personas fueran rechazadas o rebotadas entre dependencias. Durante su gestión se dictaron 21 sentencias derivadas de carpetas judicializadas, de las cuales 18 fueron condenatorias y tres absolutorias.
También se registraron 46 personas en prisión preventiva en distintos momentos y 16 servidores públicos fueron inhabilitados por diversos periodos. Para el fiscal saliente, la relevancia de la institución no se mide solo en expedientes de alto perfil, sino también en casos que no implicaban montos millonarios pero sí impactos profundos en la vida de las víctimas.
Recordó la investigación de un homicidio presentado como suicidio en una comunidad wixárika, donde se procedió contra funcionarios por no aplicar protocolos adecuados. Pese a los avances, reconoce que la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción sigue siendo limitada.
Señala que su integración dentro de la Fiscalía del Estado, la dependencia presupuestal y la licencia colectiva de armas restringieron su margen de acción. Afirma que nunca gestionó recursos de manera directa con diputados ni con el Ejecutivo porque solicitar favores implica compromisos posteriores.
¿Qué le recomienda a Manzanilla?
De cara al relevo, que quedará en manos de Cipriano Manzanilla, su principal recomendación es valorar el capital humano que recibe. Destaca que el personal fue capacitado durante años en investigación especializada de delitos por hechos de corrupción y que formar ministerios públicos no es un proceso inmediato.
Considera que la institución tiene estructura y experiencia acumulada, pero también errores identificados que deberán corregirse. Durante su periodo al frente de la Fiscalía, también fueron investigados cinco ex secretarios. Se va con la afirmación de haber cumplido y con una advertencia que resume su diagnóstico final.
La autonomía, sostiene, sigue siendo muy relativa. Mientras tanto, entre los expedientes que quedarán en el escritorio de su sucesor figura el de Eli Castro, una investigación concluida en su fase inicial pero aún sin judicializar.
JVO
