La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas 36 carpetas de investigación relacionadas con la falsificación de marcas de medicamentos y otros productos para la salud, de las cuales 13 corresponden a tratamientos oncológicos, informó Samantha Andrade Chavarría, fiscal de Delitos contra el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial.
Durante el panel Salud sin falsificaciones: innovación al servicio del paciente, precisó que la fiscalía especializada tiene aproximadamente cuatro mil carpetas de investigación en trámite, por lo que los expedientes relacionados con estos productos representan menos de uno por ciento del total.
La funcionaria explicó que la baja cantidad de investigaciones no significa que el delito sea poco frecuente, sino que existen dificultades para denunciar, identificar a los responsables y reunir pruebas suficientes para proceder penalmente.
Te recomendamos
Andrade Chavarría expuso el caso de un paciente con cáncer que adquirió por su cuenta un medicamento para continuar su tratamiento y lo llevó a una institución de salud, donde el personal médico detectó irregularidades en el empaque y la etiqueta antes de administrárselo.
Los análisis posteriores identificaron irregularidades relacionadas con la esterilidad de los viales y confirmaron que presentaban marcas falsificadas, lo que permitió iniciar una investigación por violaciones a la legislación de propiedad industrial y a la Ley General de Salud.
“A la fecha, lo que tenemos es vinculadas a proceso a dos personas”, informó la fiscal.
Explicó que no fue posible vincular a la persona moral investigada debido a dificultades jurídicas para acreditar su responsabilidad.
También advirtió que los medicamentos falsificados pueden ingresar a las cadenas formales de suministro mediante compras públicas, mientras que otros son adquiridos directamente por pacientes que no encuentran sus tratamientos en las instituciones de salud.
La funcionaria explicó que, en algunos casos, los enfermos buscan medicamentos fuera de los canales habituales por la urgencia de continuar sus terapias, mientras que en otros existe el riesgo de que se pierda la trazabilidad del producto durante su adquisición y distribución institucional.
La fiscal señaló que otro problema ocurre cuando los productos ilícitos asegurados no llegan a destruirse y pueden regresar al mercado, incluso mediante robos durante su almacenamiento.
Andrade Chavarría precisó que las investigaciones enfrentan obstáculos adicionales cuando la venta se realiza mediante plataformas digitales, debido a que los responsables pueden utilizar perfiles falsos o identidades que dificultan su localización.
Señaló que las investigaciones por falsificación de marcas requieren una querella del titular de los derechos, mientras que determinadas conductas relacionadas con riesgos sanitarios pueden perseguirse de oficio conforme a la Ley General de Salud.
Por ello, la FGR trabaja en investigaciones que permitan perseguir conjuntamente la falsificación de marcas, las alteraciones de medicamentos y otras conductas relacionadas con un mismo hecho.
“Estamos buscando crear lo que se llaman litigios transversales o complejos, que agrupen todas estas conductas”, agregó.
La funcionaria también reconoció que las denuncias por este tipo de delitos han comenzado a incrementarse, aunque no proporcionó cifras comparativas.
“Es un delito de alto impacto y no se presenta un volumen constante de denuncias”, señaló.
Uno de los principales obstáculos es la pérdida de pruebas, debido a que los envases, etiquetas y viales pueden desecharse después de administrar un medicamento, aun cuando posteriormente exista sospecha de falsificación.
Por ello, planteó desarrollar protocolos con hospitales, instituciones de salud y empresas farmacéuticas para preservar la evidencia que permita acreditar los delitos.
Cofepris cuenta con 50 verificadores para insumos médicos
Alejandra Munguía Herrera, dictaminadora especializada de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que el organismo dispone de aproximadamente 50 verificadores encargados de revisar insumos para la salud, incluidos medicamentos y dispositivos médicos, en todo el país.
Explicó que los operativos se realizan a partir de denuncias y órdenes de verificación, aunque las investigaciones se complican cuando los productos se comercializan en tianguis, mercados informales o establecimientos sin domicilio identificable.
En estos casos, señaló que pueden organizarse operativos con el apoyo de policías y autoridades ministeriales para realizar las inspecciones, asegurar productos y continuar con los procedimientos administrativos y penales correspondientes.
La funcionaria reconoció que los verificadores han enfrentado amenazas y situaciones de riesgo durante sus intervenciones.
“Sí nos han amenazado, nos han encerrado, nos hemos enfrentado a muchas situaciones”, declaró.
También señaló que los medicamentos oncológicos y otros tratamientos de alto costo son particularmente difíciles de localizar durante las inspecciones, debido a que numerosos establecimientos no los mantienen en inventario y únicamente los consiguen cuando un comprador los solicita. Precisó que durante el año pasado localizaron siete productos relacionados con procedimientos de sanción.
Para facilitar las verificaciones, solicitó que las denuncias incluyan domicilios precisos y evidencia fotográfica, además de que farmacias, almacenes y fabricantes conserven facturas y documentación que permita comprobar la procedencia de sus productos.
Venta digital, extorsión y contrabando
Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, advirtió que la comercialización ilícita de medicamentos también está relacionada con prácticas de extorsión, contrabando, corrupción y participación de grupos delictivos.
Comentó que existen casos de farmacias obligadas por organizaciones criminales a adquirir determinados productos para comercializarlos en sus comunidades.
Detalló que las redes sociales y plataformas digitales representan otro obstáculo para las autoridades, porque los vendedores pueden utilizar identidades falsas y modificar continuamente sus anuncios para evitar los mecanismos de detección.
El especialista añadió que la falta de disponibilidad de medicamentos en establecimientos formales puede llevar a los pacientes a buscar tratamientos por internet, sin que tengan certeza sobre su origen o autenticidad.
También advirtió que algunos medicamentos pueden ser auténticos, pero ingresar al país mediante contrabando, sin garantizar las condiciones de conservación necesarias, incluida la cadena de frío.
Rivas Rodríguez relacionó la circulación de estos productos con posibles actos de corrupción en los controles de ingreso y distribución, y señaló a las autoridades aduaneras y a la Guardia Nacional como parte de las instancias responsables de la vigilancia.
Asimismo, relató casos conocidos por el Observatorio de distribuidores que fueron privados de la libertad después de denunciar la comercialización de medicamentos falsificados.
El especialista cuestionó la capacidad institucional para enfrentar estas conductas ante la insuficiencia de policías, ministerios públicos, peritos y personal especializado.
Rivas Rodríguez afirmó, con base en cifras que atribuyó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que por cada Ministerio Público del país existen al menos 300 carpetas de investigación, aunque no precisó el periodo de referencia.
“En México estamos simulando combatir el ilícito”, sostuvo al referirse a las limitaciones de las instituciones responsables de las investigaciones.
Como alternativa tecnológica, mencionó el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial donada al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), diseñada para apoyar la identificación de posibles productos ilícitos mediante imágenes y orientar verificaciones adicionales en aduanas.
Durante el encuentro, los participantes abordaron las dificultades para denunciar medicamentos falsificados, preservar las pruebas y coordinar las investigaciones sanitarias y penales.
Te recomendamos
AI
