El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió una resolución que puede impactar directamente al gobierno, porque en un juicio contencioso administrativo falló contra la autoridad encargada de las obras del Tren Maya, ya que abrió la posibilidad de que tres empresas puedan reclamar un pago de 10 mil 60 millones de pesos.
Con seis votos a favor y cuatro en contra, el Pleno Jurisdiccional anuló una resolución que negó a diversas empresas la actualización de precios de un contrato relacionado con la construcción del taller y cochera de Chetumal y la instalación de los sistemas ferroviarios de los tramos 6 y 7.
La mayoría de los magistrados determinaron que la resolución emitida por el "Residente de Obra" no podía mantenerse, luego de que Alstom Ferroviara México, Construcciones Urales Procesos Industriales y Gami Ingienería de Instalaciones, cuestionaron que dicho funcionario tuviera facultades para rechazar su solicitud de actualización de precios.
De acuerdo con los montos establecidos en el contrato, la actualización que reclaman las compañías podría superar los 10 mil 60 millones de pesos, cantidad que tendría que cubrirse si finalmente se reconoce la procedencia de su petición.
El conflicto comenzó porque las empresas solicitaron que se aplicara un factor de actualización a los precios del contrato, tanto en la modalidad de precios unitarios como en la de precio alzado.
Sin embargo, la autoridad rechazó la petición porque las compañías presentaron su solicitud después de los 30 días naturales previstos en el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
De acuerdo con los hechos, las empresas tardaron más de 100 días en hacer el trámite.
Al impugnar esa decisión, las quejosas argumentaron que el "Residente de Obra", no tenía competencia para negar su solicitud.
Seis magistrados respaldaron este planteamiento y votaron por declarar la nulidad de la resolución.
Debe emitirse una nueva resolución
Cabe señalar que la decisión del TFJA no significa que se haya ordenado directamente pagar los más de 10 mil millones de pesos.
Lo que aprobó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue una nulidad para efectos, es decir, la autoridad tendrá que emitir una nueva resolución sobre el reclamo de las empresas.
Los magistrados Víctor Orduña, Guillermo Valls, Carlos Chaurand, Julián Olivas, Rafael Estrada, ponente del asunto, y Natalia Téllez votaron a favor.
En contra se pronunciaron Luz María Anaya, Rafael Anzures, Eduardo Santillán y el presidente del tribunal, José Ramón Amieva.
El argumento en contra sostiene que, desde que se firma un contrato, tanto la dependencia como la empresa conocen las atribuciones y obligaciones de sus representantes: el "Residente de Obra", por parte del gobierno, y el superintendente, por parte de la contratista.
Lo anterior está previsto en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que señala que las dependencias deben designar una residencia de obra antes de iniciar los trabajos. Su titular representa a la autoridad frente al contratista y tiene a su cargo la supervisión, vigilancia, control y revisión de las obras, además de aprobar las estimaciones que presenta la empresa.
Por ahora, el caso regresará a la autoridad para que emita una nueva resolución.
