Las auditorías federales practicadas en los últimos tres años al ya extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) arrojaron 14 irregularidades graves en el manejo de recursos públicos que, hasta la fecha, no han sido esclarecidas y que podrían derivar en sanciones.
Así lo revelan los datos actualizados del Sistema Público de Consulta de Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el cual ubica tres de las anomalías que no han sido esclarecidas en el uso del presupuesto del año 2022; siete malos manejos en los recursos presupuestales del ejercicio 2023; y cuatro más en lo correspondiente al año 2024.
Las irregularidades van desde mal uso de los recursos para cubrir viajes y viáticos de los comisionados o acompañantes no autorizados, hasta contratos mal ejecutados o servicios innecesarios o duplicados.
Además del quebranto, e incluso potencial desvío, que pudieran haber dejado estas anomalías (y que superarían los 17 millones de pesos), las revisiones de los auditores también identificaron malas prácticas y conductas poco éticas de parte de varios de los comisionados que integraban el pleno de dicho instituto, y que, en su momento, podrían dar paso a sanciones administrativas.
En el caso de las observaciones que no sean solventadas, la norma establece que cualquier quebranto a la hacienda pública debe ser denunciado por la ASF ante la Fiscalía General de la República, para que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción realice las investigaciones correspondientes y, en su caso, proceda en contra de los funcionarios que resulten responsables.
Este trabajo es independiente del que realizan otras instancias, como la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, cuya titular, Raquel Buenrostro, dijo hace unos días que estaba investigando algunas deficiencias que identificaron después de que las funciones del extinto instituto pasaran a manos de dicha dependencia en mayo de 2025.
Viajes irregulares; viáticos e invitados injustificados
En la auditoría forense, llevada a cabo en 2023, los auditores alertaron por primera vez de varias irregularidades relacionadas con recursos ejercidos para cubrir viajes y viáticos internacionales. Se identificaron gastos irregulares por 596 mil pesos, incluyendo comisiones sin la designación previa del Pleno, pagos fuera de periodos autorizados, gastos de más de una persona, consumos no autorizados y deficiencias en CFDI.
El año siguiente, esta situación no solo se repitió, sino que se agravó, y las anomalías relacionadas con los recursos para viajes y comisiones ascendieron a casi tres millones de pesos que aún no han sido aclarados ni devueltos.
Por ejemplo, en 2024, los comisionados reportaron para 20 comisiones donde hay información documental incompleta, una situación que se repitió en 104 comisiones más de servidores públicos del instituto de menor jerarquía.
Además, hay 86 comisiones donde fueron invitadas personas externas al instituto sin que exista el sustento documental suficiente que acredite por qué ocurrió esto. Tan solo este hecho específico representó un potencial daño al erario de casi un millón de pesos.
Incluso los auditores indicaron que, al momento de hacer la revisión, faltaban 28 mil 749 pesos por boletos de avión de comisiones canceladas que no fueron reembolsados. Hasta la fecha, ese dinero tampoco se ha devuelto.
Contratos irregulares
Por otro lado, la ASF identificó diversas irregularidades en la ejecución de varios contratos de todo tipo de servicios. Por lo menos se identificaron anomalías en más de una decena de contratos, que los auditores atribuyen como causa raíz a la “falta de control, supervisión y seguimiento” en el ejercicio de recursos federales.
En cuanto a monto, las mayores irregularidades, por una suma superior a los cuatro millones de pesos, se ubican en la asignación que en 2024 se hizo a la empresa Ocram Seyer, donde los auditores advirtieron de la carencia de documentación esencial sobre asistencia de operarios, realización de trabajos, supervisión de sanitarios, bitácoras por piso, reportes ejecutivos y comprobantes de cuotas al IMSS.
El tema es que un año antes, en 2023, también se habían identificado irregularidades similares con otro proveedor de nombre COSIO. El reporte indica que no se acreditó de forma completa el número de trabajadores requeridos, controles biométricos, altas ante IMSS, reportes ejecutivos, hojas de control y comprobantes de cuotas patronales. Cuatro personas registradas en listas de asistencia no fueron localizadas en los registros de IMSS ni de INFONAVIT.
Por otro lado, los auditores también identificaron un posible daño patrimonial superior a un millón 800 mil pesos, en un contrato adjudicado ese año al proveedor Despacho Milán Brito por un servicio de asesoría contable.
En su informe, la ASF consideró que hubo duplicidad: el despacho fue pagado por elaborar estados financieros, notas y balanzas de comprobación que también formaban parte de las funciones del Departamento de Contabilidad del INAI. Además, sus productos presentaban inconsistencias y no hubo supervisión documentada suficiente.
Tanto en 2023 como en 2024, los auditores también identificaron anomalías en los servicios de seguridad privada pagados a la Policía Auxiliar. De entrada, la renovación del contrato se hizo de forma automática y sin autorización del pleno. Además, no se acreditaron los registros de acceso; 163 partes diarios de novedades ni consignas firmadas; además, 11 elementos no cumplieron requisitos contractuales de edad y/o estatura.
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Irresponsabilidad y nepotismo
Más allá de las irregularidades que dieron pie a posibles daños económicos, las auditorías practicadas a INAI entre 2022 y 2024 también documentaron negligencias, violaciones a reglamentos, u comportamientos éticamente cuestionables, tanto de los comisionados del pleno como de personal en general en la institución.
La ASF identificó que 62 personas servidoras tenían familiares dentro del INAI —padres, hijos, hermanos, primos, tíos y cónyuges—, incluyendo dos pares de hermanos en la misma área. El INAI carecía de un mecanismo para detectar esos vínculos, prevenir conflictos de interés o verificar prohibiciones de subordinación familiar, lo que derivó en un nepotismo generalizado.
Por otro lado, las auditorías accedieron a movimientos bancarios de funcionarios, entre ellos, de los propios comisionados que integraban el pleno. Se identificaron transferencias entre servidores públicos, préstamos personales declarados, retiros de efectivo y recursos entregados a subordinados para fines privados. También se detectaron depósitos no reflejados inicialmente en declaraciones fiscales de personas físicas.
Cabe señalar que, en su momento, los auditores recibieron denuncias sobre la posible exigencia de moches al interior del INAI. El informe de resultados de la auditoría correspondiente al ejercicio 2023 alertaba de referencias de exservidores y servidores públicos sobre solicitudes para entregar parte de sus sueldos con el fin de conservar el empleo entre 2018 y 2022.
Excomisionados de bajo perfil
Después de la extinción del INAI en 2025, la mayor parte de los integrantes que conformaron los últimos plenos del Instituto han mantenido un bajo perfil, incluso pese a las críticas y cuestionamientos que se han hecho a su labor o al funcionamiento del instituto que encabezaron.
Blanca Lilia Ibarra, penúltima presidenta del INAI, trabaja actualmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una de las ponencias, al igual que lo había hecho de forma previa el excomisionado y también expresidente del pleno, Francisco Acuña.
Adrián Alcalá, último comisionado presidente del Instituto, y la comisionada Josefina Román se han dedicado a temas académicos y de consultoría privada. Cabe señalar que Román intentó, de forma fallida, obtener una plaza como jueza federal en la elección judicial extraordinaria de 2025.
Caso contrario es el de la excomisionada Julieta del Río Venegas, quien además de publicar un libro, se ha mantenido activa con diversas entrevistas y posicionamientos en torno a las iniciativas del gobierno en temas de transparencia. La semana pasada cuestionó, por ejemplo, la fragmentación de las obligaciones de transparencia en distintos niveles de gobierno en el país.
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CQ
