Juan Pablo Albán, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED), lamentó la falta de acceso a la justicia para las víctimas de desaparición en México, así como los pocos recursos con los que cuentan las instituciones encargadas de las búsquedas en el país.
“Todavía hay pendientes, por los bajos índices de judicialización, por los casos de desaparición, por la persistencia a nivel de las judicaturas estatales de un formalismo procesal excesivo”, señaló el experto, a casi siete meses de que el CED realizara una visita oficial a México.
En conferencia de prensa en la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), señaló que preocupa que no haya recursos suficientes para la labor que tienen que cumplir las autoridades del ámbito judicial.
“Sus instituciones deberían ser muy robustas y para ello, obviamente, tiene que ver con la asignación de recursos, ese es un aspecto en el que nosotros (el Comité) expresamos nuestra preocupación”, dijo.
Además, lamentó la falta de uso de recursos jurídicos como es el llamado “amparo buscador”, con el que los jueces pueden convertirse en agentes de búsqueda en casos de desapariciones forzadas, al ordenar judicialmente inspecciones específicas o que una autoridad presente a alguna persona que tenga bajo su resguardo. “La utilización del amparo es importante, porque puede ser una herramienta muy efectiva para localizar a personas”, planteó.
Pablo Albán destacó que actualmente hay unos mil 700 casos en los que el CED ha emitido acciones urgentes, mientras que de los 72 Estados miembros “una parte importante de estos casos de acción urgente son respecto de México”.
Recordó que México es el Estado miembro que más veces ha sido examinado por el Comité, con cuatro informes sobre desaparición y “precisamente por eso hay algunos temas que es necesario trabajar”.
Si bien precisó que el Comité no tiene competencia temporal para conocer de casos por desapariciones ocurridas antes del tratado que le da facultades, “México tiene un pendiente” respecto a obligaciones generales como investigación y búsqueda de fenómenos ocurridos durante la Guerra Sucia, .
“Expresamos preocupación por temas que no le consideran al Poder Judicial, como la renuncia de tres miembros del Comité de Impulso a la Justicia, de la Comisión para el Acceso a la Verdad, que estableció el poder ejecutivo”, expuso.
aag
