Luego de revisar la legislación orgánica, la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) analiza si el rector Gustavo Pacheco López excedió sus atribuciones al adquirir automóviles de lujo para los directivos, al igual que el Patronato, la Contraloría y otras instancias en lo que toca a sus funciones de vigilancia y control del patrimonio.
La polémica por la compra de esos vehículos ecológicos de lujo, que implicó autorizaciones de al menos 7 millones 509 mil 90 pesos, profundizó el descontento de los estudiantes, pues desde hace meses han denunciado carencias como infraestructura deteriorada, bibliotecas cerradas y espacios insuficientes para estudiar y alimentarse.
Esta situación mantiene en paro, desde hace dos semanas, a las cinco unidades de la UAM: Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco y Lerma, lo que afecta a casi 62 mil estudiantes.
En cada unidad, los jóvenes resguardan planteles y defienden sus pliegos petitorios, mientras que académicos e integrantes de la comunidad realizan asambleas para discutir de gobierno que se requiere.
MILENIO visitó las inmediaciones de la unidad Iztapalapa, donde académicos y trabajadores dialogan sobre las consecuencias jurídicas para las autoridades involucradas, incluida la eventual remoción de funcionarios por posibles violaciones a la legislación universitaria y por el uso indebido de sus atribuciones.
La comunidad concluyó un análisis sobre la ley orgánica y el reglamento orgánico de la institución, así como en las actas del Patronato y el acuerdo 03/2026 emitido por el rector general.
Ahí se precisa que las adquisiciones no sólo evidencian deficiencias en la planeación del gasto, sino irregularidades en el ejercicio de facultades, administración del patrimonio y mecanismos de supervisión financiera.
Los inconformes, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva, sostuvieron que el rector asumió atribuciones reservadas al Patronato al establecer los montos para la compra de automóviles oficiales y permitir que los funcionarios puedan adquirirlos, al concluir su gestión, por apenas 30 por ciento de su valor de factura.
Esta disposición, incluida en el acuerdo emitido el 9 de marzo de 2026, permite, por ejemplo, que un funcionario compre en 270 mil pesos un vehículo adquirido por la UAM en 900 mil pesos sin que el precio de venta estuviera sujeto a avalúo comercial.
Según el documento, sustentado en el análisis de la ley orgánica, el reglamento orgánico, las actas del Patronato y el propio acuerdo, el artículo 20 de la primera reserva al Patronato a autorizar la adquisición de bienes y administrar el patrimonio, facultades que no pueden ser sustituidas por un acuerdo del rector.
Por ello, su emisión y posterior aplicación pueden configurar una falta grave prevista en el artículo 92, fracción IV, del reglamento orgánico, que hace referencia al aprovechamiento indebido de competencias para satisfacer intereses propios o ajenos.
En tanto, el artículo 93 establece la remoción como sanción y el 95 señala que corresponde a la Junta Directiva resolver sobre el ceso del rector general.
Los inconformes señalan que las responsabilidades no se limitan a la Rectoría. También cuestionan al Patronato, que el 15 de abril de 2026 eliminó la restricción de adquirir vehículos en su versión base y, ocho días después, en una sesión extraordinaria por Zoom de apenas en 17 minutos, autorizó por unanimidad la compra de ocho automóviles por 6 millones 274 mil 490 pesos. Entre abril y septiembre autorizó la compra de 15 vehículos por 10 millones 635 mil 225 pesos sin registrar ningún rechazo.
También señalaron a las autoridades de la Contraloría, cuyo titular propuso modificar los lineamientos del Patronato y luego dictaminó que las solicitudes de vehículos cumplían con las disposiciones aplicables.
Los inconformes —académicos, trabajadores y comunidad estudiantil— también reclamaron posibles responsabilidades de la Abogacía General, que es la instancia encargada de procurar el cumplimiento del orden jurídico universitario.
MILENIO conversó con un extrabajador de la Contraloría de la Universidad, quien cuestionó que las adquisiciones se realizaran de manera individual, pese a que el Acuerdo 03/2026 establecía el arrendamiento como primera opción, la compra consolidada como segunda y la adquisición por unidad únicamente como una medida excepcional que debía justificarse.
Los integrantes de la comunidad universitaria no descartaron buscar vías legales para castigar las acciones de sus autoridades.
Señalaron que si bien el rector anunció la suspensión del Acuerdo 03/2026 y la venta de seis vehículos eléctricos, adquiridos por 4 millones 922 mil 390 pesos, con el propósito de destinar los recursos a becas, la venta de unidades recién adquiridas ocasionará una pérdida económica para la UAM debido a su depreciación.
“Suspender el acuerdo y vender los vehículos no resuelve las posibles irregularidades durante la adquisición”, señalaron.
MILENIO solicitó una entrevista con el rector general Gustavo Pacheco, pero hasta anoche no ha obtenido respuesta.
