La Defensoría de los Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones en contra de la Coordinación Estatal de Protección civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana, y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, ante omisiones cometidas que terminaron en agravio de asistentes el pasado 5 de marzo en el estadio Corregidora.
El ombusperson, Javier Rascado, informó que se inició con la queja DDH/98/2022 el mismo día de la riña entre aficionados del Atlas -Gallos, ante el alto impacto social que provocó una indignación en la sociedad, y que fue por la indebida prestación del servicio público, “la falta de debida diligencia en la función de seguridad privada así como omisiones en la implementación de medidas y acciones necesarias para salvaguardar la integridad de las personas que asistieron al evento”.
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Por ello, solicitó que se establezca un grupo interdisciplinario e interinstitucional, esto con la finalidad de recabar la información de todas las víctimas directas e indirectas de los hechos y a partir de ello se gestione su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.
Generar mecanismos de coordinación, colaboración, concertación y comunicación que resulten necesarios con las autoridades, para dar seguimiento, acompañamiento y vigilancia a cada una de las víctimas, para garantizar el acceso de los derechos de éstas, tomando en consideración el lugar de residencia de las mismas.
Revisión de normatividad aplicable a eventos donde exista concentración masiva de personas y donde se regulen, y además otorguen facultades a empresas de seguridad privada a efecto de que presenten un paquete de reformas legislativas para que establezcan nuevas disposiciones normativas.
Establecer una estrategia de acción global, clara y coordinada entre autoridades estatales y municipales de Querétaro, así como los particulares que deseen celebrar eventos de concentración masiva de personas donde delimiten responsabilidades concretas.
Piden que en un plazo no mayor a 30 días naturales que expongan las estrategias a seguir y plazos para dar cumplimiento a cada uno de los puntos, además de 15 días para aceptar o rechazar la misma, donde incluye una campaña en derechos humanos para la población que acude a eventos de concentración masiva, para evitar actos de violencia.
OC
