Entre las prioridades del Congreso del Estado de México no está, por el momento, la posibilidad de tipificar el linchamiento como delito, ni consideran que esta sea la solución para reducir los casos que se presentan en la entidad “si no se atiende el origen de estas conductas y se garantiza un mejor sistema de justicia y prevención del delito”.
En entrevistas por separado, la diputada Ruth Salinas, de Movimiento Ciudadano, y Octavio Martínez Vargas, de Morena, coincidieron que el hartazgo de la gente no se resuelve sólo con una medida si no se trabaja de manera coordinada y se va también a las causas, que son el abandono de diversas comunidades, la falta de respuesta a la demanda de justicia y se refuerza la seguridad preventiva.
Por un lado, la emecista Ruth Salinas consideró que la solución no siempre está en aumentar las penas ni crear nuevos delitos si no se resuelve el origen del problema y en este caso se mejora el sistema de procuración y administración de justicia, las medidas preventivas y se brinda auxilio lo antes posible.
“Algo tenemos probado en el país y es que no podemos llevarlo a la legislación, está probado que no reduce el delito si aumentamos penas. El linchamiento ha sido originado por la ausencia de la justicia en el país y Movimiento Ciudadano nunca estará de acuerdo en ejercer la justicia por propia mano, pero tampoco se puede aumentar la pena a todo” acotó.
Lo importante, agregó, es dar solución de raíz, “porque la sociedad está harta de que no se atiendan las denuncias, no llegue pronto la policía, se deje libre a los delincuentes, que haya contubernio con quien debe proteger a la población”.
Por su parte, el diputado morenista de Ecatepec, Octavio Martínez Vargas, indicó que el Congreso sí debe revisar esa conducta porque está en crecimiento y la mayoría de los casos quedan impunes. “Es una tarea que tiene la Comisión de Procuración y Administración de Justicia porque es urgente evitar que la gente se haga justicia por su propia mano”, explicó.
La realidad, dijo, es que la Fiscalía General de Justicia de la entidad “no ha dado los mejores resultados y por eso están planteando llevar a cabo una revisión a la Ley Orgánica de la misma, para que se garantice la procuración de justicia en la entidad, porque hay vacíos, aunque no sólo en la Fiscalía sino también en otras corporaciones y en las policías municipales”.
Aunque existe un C5 que se coordina con los C4 de los municipios, para dar respuesta pronta y que no tarden más de 5 minutos en resolverse y atenderse las demandas, “no se atienden los llamados que hace la población; es evidente que algo está fallando”.
Dijo que en su caso va a revisar el tema, que en estos meses se enfocó al delito de despojo, pero que esta será una tarea posterior, entre otros temas que analiza para la integración de propuestas legislativas.
“Hemos pedido exhortos contra las ejecuciones”: PRD
Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD, Omar Ortega Álvarez, expresó su firme condena ante los casos de linchamientos en distintas regiones del país, particularmente en la entidad mexiquense, y advirtió que estos actos “son reflejo del hartazgo social y de la desconfianza generalizada hacia las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia”.
Destacó que el grupo parlamentario analiza ajustar la legislación actual con la finalidad de evitar actos de esta índole en el Estado de México, “lo que estamos viviendo es el resultado directo de la incompetencia institucional para frenar a una delincuencia cada vez más violenta, sumada a la impunidad que la cobija. Esta situación ha provocado que sectores de la ciudadanía recurran a hacerse justicia por propia mano”, señaló.
Ortega Álvarez recordó que desde el año pasado ha insistido ante la Cámara de Diputados para que se exhorte a los gobiernos estatales en particular a los de Puebla y Estado de México, a garantizar el imperio de la ley y prevenir nuevas ejecuciones ilegales en sus territorios.
El legislador perredista también planteó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realice un diagnóstico nacional sobre esta problemática creciente, a fin de contar con información precisa que permita diseñar políticas públicas eficaces para su prevención.
Recordó casos como el acontecido en Texcaltitlán, ocurrido en diciembre de 2023, donde un grupo de habitantes de este municipio, hartos de la extorsión, tomaron justicia por propia mano; “un caso que refleja desesperación y evidencia del colapso de la confianza en el Estado”, enfatizó.
Finalmente, Omar Ortega hizo un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para actuar de inmediato y con seriedad. “El Estado de Derecho no puede ser una promesa abstracta; debe ser una realidad palpable para cada ciudadano. De lo contrario, seguiremos presenciando cómo la violencia sustituye a la justicia y cómo el miedo se vuelve norma en nuestras comunidades”, concluyó.
