La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió la Recomendación R-VG-0001-26 tras documentar violaciones graves a derechos humanos en agravio de cuatro regidoras del Ayuntamiento de Epazoyucan.
El caso se originó luego de que el Congreso estatal exhortó al organismo a investigar posibles actos de violencia política por razón de género, discriminación, desobediencia institucional y afectaciones a la legalidad. La CDHEH abrió la queja CDHEH-VG-1137-25, a la que se adhirieron las víctimas, y tras el análisis de pruebas atribuyó responsabilidades al presidente municipal.
Te recomendamos
La investigación concluyó que la autoridad incumplió su deber de garantizar igualdad institucional, no discriminación y respeto a la dignidad, vulnerando principios de igualdad sustantiva y equidad de género. También se documentó la difusión de expresiones descalificatorias que generaron un entorno de hostilidad y violencia simbólica contra mujeres en el ejercicio del cargo.
El organismo acreditó actos discriminatorios por discapacidad al cuestionarse la capacidad de una regidora por su condición visual, con afectaciones a su dignidad, integridad emocional y derechos político-electorales. Asimismo, se señalaron omisiones frente a la maternidad al impedirse la toma de protesta de otra regidora durante el puerperio, sin ajustes razonables ni perspectiva de género.
“La conciliación entre la vida laboral, la participación política y la maternidad sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales de nuestra democracia. Que se escuche fuerte: maternar no suspende derechos”, expresó Ana Parra.
Las víctimas fueron valoradas por personal especializado de la Unidad de Investigación en Tortura conforme a los Principios Méndez. La CDHEH acreditó violaciones a los derechos a la libertad de expresión, igualdad de oportunidades, no discriminación, participación política, debida diligencia, vida libre de violencia y a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Entre las medidas recomendadas se encuentra la inscripción de las víctimas en el Registro Estatal para acceder a la reparación integral del daño; capacitación obligatoria en derechos humanos y trato digno para integrantes del Ayuntamiento; inicio de procedimientos de responsabilidad; y medidas de protección a la dignidad e integridad de las afectadas.
La recomendación dirigida al Congreso estatal contempla designar a una persona de alto nivel para dar seguimiento al cumplimiento, solicitar la intervención del Órgano Interno de Control y sustanciar los procedimientos administrativos correspondientes.
La presidenta de la CDHEH explicó que el Congreso cuenta con facultades para sustanciar investigaciones contra servidores públicos locales por violaciones graves a derechos humanos y asumir el carácter de órgano de acusación, con las diligencias necesarias y formalidades propias de un juicio político.
Además, el organismo solicitó colaboración interinstitucional a autoridades de procuración de justicia, fiscalía especializada en delitos electorales, poder judicial e Instituto Estatal Electoral para investigar y prevenir conductas de discriminación y violencia política contra las mujeres.
La recomendación ya fue notificada a las partes y se encuentra en espera de aceptación por parte del Congreso del Estado de Hidalgo; el plazo vence el 2 de marzo.
