El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados llamó a convocar a parlamento abierto para discutir la iniciativa presidencial sobre las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, en la que se cuente con la participación de académicos, investigadores, trabajadores y legisladores.
Pidió integrar también a la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional del Control de Energía (Cenace) para conocer sus respectivas posturas y opiniones sobre la propuesta del Ejecutivo.
La fracción perredista, encabezada por Verónica Juárez, en el Palacio de San Lázaro advirtió que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentada con carácter preferente, abre espacio a controversias constitucionales, alegatos por aplicación retroactiva de la ley y demandas de arbitraje internacional.
“La propuesta legislativa anticipa una escalada de las confrontaciones entre el Ejecutivo federal y las empresas extranjeras que han invertido cuantiosos recursos en el sector eléctrico, tanto en litigios legales en tribunales internacionales como con sus gobiernos, con el alegato de incertidumbre jurídica, por no respetarse el estado de derecho”, puntualizó.
Los diputados del PRD señalaron que el proyecto de ley pretende priorizar el despacho de energía eléctrica de centrales con cargas constantes y desplazar las renovables, con lo cual busca “dar la vuelta” a la resolución del Poder Judicial contra el acuerdo con que la Cenace intentó restringir las energías limpias.
“En lugar de cambiar la ley para modificar el papel del Estado en el impulso a las energías renovables, lo que se busca es incrementar la participación de la CFE en la generación eléctrica, sin reparar en el incremento de los costos de generación, ni el cumplimiento de nuestros compromisos en materia ambiental”, subrayaron.
La bancada perredista sostuvo que, tan solo por el desplazamiento de las plantas privadas de ciclo combinado, el sobrecosto de la generación superaría los 10 mil millones de pesos al año.
Ante esto, el grupo parlamentario se pronunció por el pleno respeto al estado de derecho y a los acuerdos internacionales, además de exigir que el Estado garantice el derecho de los mexicanos al acceso a energías limpias.
LP
