Los diputados de la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD) en la Cámara de Diputados presentaron, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Minera y la Ley de Humanidades y Ciencias, argumentando violaciones a diversas disposiciones constitucionales y al proceso legislativo.
El vicecoordinador de la bancada panista en el Palacio de San Lázaro, Jorge Triana, subrayó que las dos impugnaciones interpuestas este miércoles se suman a las seis del viernes pasado y quedan todavía cuatro pendientes, para acumular un total de 12 contra igual número de dictámenes aprobados en fast track durante la última sesión del periodo ordinario.
“Abusaron de la figura de urgencia y obviedad, se saltaron el trámite legislativo, no justificaron que fuera urgente y obvio, todo lo que ya tenemos presente de la Corte y entonces seguramente se van a caer”, puntualizó.
Triana subrayó que las acciones de inconstitucionalidad presentadas hoy dan cuenta de la transgresión a diversos derechos, tales como legalidad, seguridad jurídica, falta de consulta a pueblos y comunidades indígenas, lagunas en la ley propias de su falta de estudio y análisis, retroceso en el derecho y desarrollo humano de acceso a la ciencia y a la tecnología, entre otros.
En entrevista, el legislador confió en que los ministros de la Suprema Corte mantengan sus criterios, pese a las presiones del Ejecutivo.
“Ya demostraron de qué están hechos, han aguantado todo tipo de presiones. Las presiones de afuera y los insultos, creo que es lo de menos, pero las presiones del Presidente de la República es algo que no cualquiera aguanta. Ya vimos que hay dos ministras y un ministro que no aguantan eso, y bueno, salvo estas tres excepciones, el resto ha mostrado entereza y un valor enorme, y por supuesto que nosotros confiamos en la Corte”, señaló.
Por lo que hace a la Ley Minera, la acción de inconstitucionalidad señala que el decreto nacionaliza la exploración en este rubro y modifica las normas que regulan la explotación minera, aún cuando el Congreso de la Unión no está facultado para nacionalizar industrias por medio de leyes.
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Asimismo, la legislación pretende darle a la Secretaría de Economía la facultad de determinar los minerales que pueden ser explotados para cada concesión e incorpora dos nuevos tipos penales, pero como “disposiciones en blanco” que permiten ser aplicados discrecionalmente.
La impugnación a la Ley de Humanidades y Ciencias señala, entre otros aspectos, violaciones a los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 14 16, 25, 35, 39, 40, 49, 56, 57, 62, 63, 68, y 72 de la Constitución Política; 2, 3 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 2 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
LP
