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Martes , 23.04.2019 / 21:27 Hoy

Diputados fijan sanciones a servidores públicos por delitos electorales

Política

Por usar recursos públicos para coaccionar e inducir el voto, los funcionarios podrán tener una multa de hasta 10 mil unidades de medida.
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La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para definir las sanciones a servidores públicos responsables de delitos electorales, entre las que destacan hasta 10 mil unidades de medida y actualización (el doble, en caso de reincidencia) por el uso de recursos públicos para coaccionar a los electores e inducir el sentido de su voto.

Ello, con independencia de las denuncias penales que en su caso sean presentadas ante el Ministerio Público.

Por unanimidad, con 423 votos a favor, las fracciones parlamentarias avalaron el dictamen para incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos acreedores a sanciones por violación a las leyes electorales.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El articulado enlistaba a candidatos, dirigentes de partidos y agrupaciones políticas, observadores electorales y concesionarios de radio y televisión, entre otros actores como probables sujetos de sanciones, pero no a los servidores públicos.

La reforma establece que, sin menoscabo de las sanciones electorales que se les impongan, los servidores públicos podrán estar sujetos a responsabilidades administrativas y penales.

Tratándose del uso de recursos públicos para la presión o coacción a los electores, a efecto de inducir el sentido del voto, se prevé una multa de entre cinco mil y diez mil unidades de medida y actualización.

En caso de reincidencia se prevé el doble de la multa originalmente impuesta al infractor.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación, refirió que los cambios a la ley fortalecerán las acciones a favor de la cultura de la legalidad en el servicio público, al hacer efectivamente sancionables aquellas conductas no solo contrarias a la ética y honestidad, sino las que resulten de manera verificada en violaciones abiertas.

“Se busca que los servidores públicos mantengan principios de honestidad, integridad e imparcialidad”, puntualizó.

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