Por unanimidad, con 407 votos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas para garantizar a los sindicatos una adecuada protección contra todo acto de injerencia de servidores públicos sobre su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, así como reelección o destitución de sus directivas.
Establece que cualquier contravención a esas disposiciones será considerada una falta administrativa grave y sancionada en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
¿Qué implica el proyecto?
El decreto fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor.
Las adiciones a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas definen como actos de injerencia sindical los de coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña sindical, o para votar por una planilla, dirigente o sindicato determinado.
De igual forma, ejercer presión o intimidación jerárquica sobre subordinados para que expresen públicamente su apoyo o rechazo a determinada candidatura sindical.
Asimismo, obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales con fines de proselitismo; condicionar la prestación de servicios institucionales, apoyos, licencias o permisos laborales a la emisión del voto o apoyo hacia una planilla sindical; ofrecer beneficios laborales, ascensos, estímulos o promociones a cambio de apoyo o voto sindical; negar, suspender o limitar derechos o programas internos, capacitaciones, bonos o reconocimientos como represalia por no apoyar determinada opción sindical.
Funcionarios no podrán intervenir en elecciones sindicales
Se prohíbe también utilizar programas institucionales o apoyos sociales para inducir o coaccionar el voto sindical; destinar, utilizar o permitir el uso de fondos, bienes, servicios o personal institucional para favorecer o perjudicar a determinada planilla, corriente o dirigencia sindical; difundir propaganda, mensajes o material institucional que promueva o desacredite a una candidatura o grupo sindical; permitir el uso de instalaciones, vehículos, redes o infraestructura pública para actos de campaña o propaganda sindical.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Sonia Rincón Chanona, de Morena, sostuvo que la reforma abre un parteaguas para la garantía y progresividad de los derechos laborales de las personas trabajadoras al servicio del Estado, al salvaguardar el derecho a la libre sindicalización y elevar la autonomía sindical a rango de ley, blindándola de injerencias perniciosas y corruptas.
Afirmó que no puede haber justicia social sin dignificación laboral, por lo que el Estado debe ser el primer garante de los derechos que proclama y, por lo tanto, los servidores públicos no pueden ser sus transgresoras.
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