La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Archivos con los principios y bases para la organización, conservación, administración y preservación de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, estados y municipios, así como personas físicas y morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos.
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El nuevo ordenamiento remitido al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor define como pública y accesible a cualquier persona la información contenida en documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados.
La Ley General de Archivos completa el marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción y prevé una sanción de tres a diez años de prisión, además de una multa de tres mil a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización a quien sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice total o parcialmente información y documentos de los archivos bajo su resguardo.
La misma penalidad aplica para quien transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca, sin el permiso correspondiente, algún documento considerado patrimonio documental de la nación o, en su caso, traslade fuera del territorio nacional y sin autorización documentos considerados patrimonio documental de la Nación.
También establece castigo a quien destruya o mantenga injustificadamente fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la Nación, una vez fenecido el plazo autorizado por el Archivo General le autorizó la salida del país.
En su articulado, la ley establece las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y fomenta el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica de la Nación.
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Adicionalmente, cada entidad federativa contará con un sistema local articulado de estructuras, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios para cumplir con la organización y conservación homogénea de los archivos de los sujetos obligados dentro de su jurisdicción.
AJE
