Después de tres horas y media de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la prórroga de un mes, del 1 de agosto hasta el 1 de septiembre, para la entrada en vigor de las reformas en materia de outsourcing y el cumplimiento de las obligaciones en esa materia por parte de las empresas.
La Mesa Directiva, encabezada por la diputada presidenta Dulce María Sauri, turnó el proyecto al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Entre las reservas destacó la presentada por el legislador panista Ricardo Villarreal, a nombre de PAN, PRI y PRD, para aplazar hasta el 1 de enero de 2022 la entrada en vigor de las disposiciones para regular la subcontratación laboral y sancionar a las empresas que incurran en su práctica ilegal.
No obstante, la mayoría de Morena y sus aliados desecharon la propuesta en votación a mano alzada.
Las reformas aprobadas en abril pasado a siete leyes, entre ellas la Federal del Trabajo y la del Seguro Social, prohibieron la subcontratación de personal y se establecieron reglas precisas para que las personas físicas o morales contraten solo la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas que no formen parte de su objeto social ni de su actividad económica preponderante.
Desde entonces a la fecha, 2 millones 300 mil trabajadores han pasado del esquema de subcontratación a formar parte de las empresas a las cuales prestaban sus servicios.
Asimismo, 70 mil empresas han solicitado su registro en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, pero de ese universo, solo 25 mil 500 han concluido el trámite, aunque muchas más han manifestado su voluntad de cumplir, señala el dictamen.
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