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Miércoles , 24.04.2019 / 19:29 Hoy

Servidores públicos que abusen de migrantes serán destituidos

Política

Los diputados también aprobaron una reforma al artículo 93 de la Ley de Migración para delimitar las funciones del Instituto Nacional de Migración y evitar invada atribuciones del Ministerio Público.
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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó tres proyectos de reformas a la Ley de Migración, entre las que destaca la modificación a los artículos 109 y 140 para sancionar con destitución e inhabilitación a los servidores públicos que violen los derechos humanos de los migrantes.

Al fundamentar en tribuna el dictamen de la Comisión de Migración, la diputada Julieta Vences precisó que el objetivo de la reforma es garantizar plenos derechos a toda persona desde su ingreso a las estaciones migratorias.

Remarcó que, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los principales responsables de violaciones a los derechos humanos de los migrantes son las autoridades federales, estatales y municipales, así como del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Es necesario que las personas cuenten con la protección de todo el marco legal aplicable en sus casos, atendiendo a la complementariedad de las normas y al principio pro persona garantizado en la Constitución”, puntualizó.

Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma al artículo 93 de la Ley de Migración para delimitar las funciones del INM y evitar que invada atribuciones del Ministerio Público en la investigación y persecución de delitos.

En su caso, el instituto podrá solicitar información al Ministerio Público sobre denuncias formuladas contra extranjeros por la presunta comisión de delitos, pero solo para efectos de control, verificación o revisión migratoria.

Además, cuando los particulares presenten denuncias ante el INM, éste deberá informar a los particulares que no es la autoridad competente para conocer y enviará de forma inmediata al interesado ante la autoridad adecuada para que presente la denuncia correspondiente.

“Ninguna autoridad migratoria debe contar con la facultad en materia de persecución de delitos, así sean cometidos por migrantes en situación irregular, en tanto que se trata de una obligación exclusiva de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia”, indicó Vences.

El tercer proyecto aprobado garantiza a todo migrante sujeto a un proceso administrativo el derecho de establecer contacto con el consulado de su país y acceder a un defensor de oficio.

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