Las diputadas federales del PRD presentaron una iniciativa de reformas constitucionales para establecer como requisito para ser Presidente de la República, ministro, senador o diputado no haber sido sentenciado por delitos sexuales, violencia familiar o doméstica, agresión de género ni como deudor alimentario.
De acuerdo con la propuesta, los partidos políticos estarían obligados a verificar que sus candidatos no hayan incurrido en alguna situación de violencia de género ni familiar.
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El proyecto de reformas y adiciones a los artículos 41, 55, 82, 95, 102 y 116 de la Constitución señala que, a través del 3 de 3 contra la violencia de género, es preciso garantizar a ciudadanía y sociedad que los aspirantes a cualquier cargo público no tengan antecedentes de conductas constitutivas de violencia contra las mujeres.
Para ello deberán cumplir con el requisito de no haber sido condenados o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica, agresión de género en el ámbito privado o público, ni tampoco haber sido penalizados por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
“La sociedad exige que se erradique la violencia en todas sus formas y manifestaciones, de manera especial la que afecta a las mujeres por razones de género derivado de causas estructurales que perpetúan la desigualdad y la discriminación”, puntualiza la iniciativa.
Las legisladoras perredistas Elizabeth Pérez, Macarena Chávez, Edna Gisel Díaz, Olga Luz Espinosa, Laura Lynn Fernández, Fabiola Rafael Dircio, Leslie Estefanía Rodríguez y Gabriela Sodi insistieron en la necesidad de evitar que los responsables de “conductas connotativas de la perpetuación de actitudes de dominio y actos discriminatorios patriarcales contra las mujeres por razón de género” accedan a cargos públicos.
De ahí la necesidad de elevar a rango legal la protección de la mujer, con el fin de garantizar la erradicación y la eliminación de la violencia en todas sus formas, señalaron.
La propuesta fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.
DM
