A pocos días de que venza el plazo legal para dictaminar la iniciativa que transformaría la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco en una fiscalía autónoma, la diputada local de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, advirtió sobre el riesgo de seguir postergando una deuda histórica con las víctimas: “No hay otra prioridad que no sea defender la vida en este momento para este Estado”, afirmó en entrevista con MILENIO.
La legisladora denunció que el rezago en el proceso legislativo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de negligencia institucional. “Creo que, lamentablemente, hay un retraso sistemático. Y no solo en este tema. Estamos hablando de los últimos seis años, de un sexenio anterior basado en una estrategia totalmente negacionista ante la crisis”, señaló.
A su juicio, esta demora tiene consecuencias concretas, pues la actual Fiscalía Especializada enfrenta un desbordamiento de casos sin capacidad de atención adecuada. “Hay 12 mil carpetas en la fiscalía que no están teniendo un trato digno hacia las víctimas indirectas”, puntualizó. La iniciativa para crear una fiscalía autónoma fue presentada en enero por el diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, y ha contado con el respaldo de distintas fuerzas parlamentarias, incluido Futuro. “Nosotros incluso acompañamos la propuesta de los compañeros del PT. Juntas y juntos hemos estado empujando este tema, que debió atenderse desde siempre, con urgencia y prioridad total”, expresó Cárdenas.
Desde la Comisión Especial en Materia de Desaparición de Personas en Jalisco, que ella preside, se han impulsado reformas estructurales que reconozcan la magnitud de la crisis. “Cuando hablamos de que es una prioridad para el Estado, también hablamos de un ejercicio presupuestal digno, que asuma la responsabilidad institucional ante esta emergencia”, apuntó.
¿Qué pasa con las iniciativas contra desapariciones?
No obstante, tanto la propuesta de fiscalía autónoma como otra iniciativa complementaria —que busca reconocer a las víctimas indirectas como grupo vulnerable en la legislación estatal— siguen sin ser dictaminadas por las comisiones correspondientes.
Para la diputada, esta omisión legislativa va más allá del retraso político: constituye una violación a los derechos humanos de las personas desaparecidas y sus familias. “El riesgo es que se siga olvidando y excluyendo a quienes lamentablemente enfrentan estas situaciones. Espero que las y los diputados de todas las fracciones asuman su responsabilidad política y humana”, señaló. Cárdenas reconoce que ha habido avances limitados pero significativos. “No puedo negar que hay un diálogo distinto. Al menos hoy hay un gobierno entrante que reconoce la crisis”, admitió. Sin embargo, advirtió que los discursos deben traducirse en acciones concretas. “Nuestra labor, desde la oposición, es lograr que estas narrativas se vuelvan tangibles para las víctimas”.
Respecto al futuro nombramiento de quien encabezará la nueva fiscalía, la legisladora fue clara: rechaza cualquier designación que provenga del Poder Ejecutivo. “Con todo respeto al gobernador, pero si la propuesta viene de él, perdería total autonomía. Entonces no tendría sentido que desde el Congreso aprobemos una propuesta cuyo espíritu es precisamente garantizar independencia”, enfatizó.
Finalmente, frente a un historial de negligencia institucional y represión, Cárdenas insistió en que el Estado debe comenzar a rendir cuentas y abrir espacio a la participación directa de los colectivos de familiares en los mecanismos de fiscalización. “Sería un avance tangible que las familias y los colectivos puedan fiscalizar y ser parte de la justicia. No se puede hablar de transformación sin memoria, sin dignidad ni participación real”, concluyó
SRN
