Las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024 del estado de Hidalgo corresponden a señalamientos administrativos y solicitudes de aclaración, sin determinación de daño patrimonial ni procedimientos judiciales o de responsabilidad administrativa en curso.
La Contraloría estatal informó que, como parte del proceso ordinario de fiscalización, la ASF otorga un plazo de 90 días para presentar información adicional, documentar procesos y aclarar aspectos técnicos. Durante ese periodo se atenderán los requerimientos formulados.
Respecto a la contratación de obra pública vinculada a una empresa cuyos socios tienen parentesco con un legislador, la observación solicita ampliar información sobre el proceso de adjudicación. La posible relación familiar no constituye por sí misma un conflicto de interés en términos legales; sin embargo, la Contraloría revisará y documentará el procedimiento.
En relación con los seguros catastróficos para el campo y el ganado, el gobierno estatal cuenta con documentación que acredita la contratación y los mecanismos de cobertura en beneficio de productores afectados, la cual será presentada nuevamente para su valoración.
Sobre la solicitud de aclaración relativa al esquema de nómina, se indicó que se trata de un mecanismo de estímulo fiscal aplicable al sector público en materia de ISR, instrumentado mediante comprobantes fiscales y recuperaciones mensuales conforme a la normatividad, por lo que se aportarán los elementos técnicos que acreditan su legalidad.
En cuanto a los pagos observados por aproximadamente tres millones de pesos en el ámbito universitario, se precisó que corresponden a indemnizaciones y prestaciones derivadas de procesos de jubilación y terminación laboral, lo cual será acreditado ante la autoridad fiscalizadora.
En el caso del municipio de Lolotla, la observación deriva de la revisión del destino de recursos del FAISMUN, por lo que se dará seguimiento conforme a las atribuciones correspondientes para aclarar los hechos y, en su caso, realizar las acciones procedentes.
El gobierno estatal reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración con las instancias fiscalizadoras. Señaló que las observaciones forman parte del proceso normal de revisión y serán atendidas con responsabilidad y apertura.
Autoridades estatales subrayaron que “no hay daño patrimonial determinado; son aclaraciones administrativas”, que existe un plazo de 90 días para documentar la información requerida y que la fiscalización cumple su función cuando los procesos se revisan y se aclaran.
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